El Ministerio de Energía sigue estudiando el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la reapertura con condiciones de la central nuclear de Santa María de Garoña. El departamento que dirige Álvaro Nadal, es quien tiene la última palabra, y unque se dio seis meses de plazo para tomar una decisión, “no ve ninguna razón técnica, legal ni de seguridad para denegar la apertura”, indican fuentes próximas al ministerio. El citado plazo termina a principios de agosto. Pero se ve que la decisión está tomada aunque la producción eléctrica de Garoña esté casi en cero.

Pese a la luz verde del ministerio, las propietarias de la planta, Endesa e Iberdrola, a través de la sociedad Nuclenor, pueden decidir el cierre, como así lo han manifestado (Iberdrola, públicamente, y Endesa, en privado). Esta posición favorable del ministerio es una prueba de que el Gobierno ha fracasado en su negociación con el PNV el cierre de la planta situada en el linde entre Burgos y Álava. Eso se hubiera hecho a cambio del respaldo de los nacionalistas vascos a los Presupuestos del Estado de 2018, decisión por parte de los jelkides.

Y justamente hace poco los medios vascos publicaban, atribuyéndoselo a fuentes de Nuclenor, que Garoña no es viable económicamente. Se calcula que las inversiones necesarias para cumplir con las exigencias del Consejo ronda los 150 millones de euros. ¿Si no es viable desde el punto de vista industrial para qué reabrir Garoña?.

Pese a que la intención de las dos grandes eléctricas no era reabrirla, estas han mantenido su petición de reapertura, que tramitaron ante el antiguo Ministerio de Industria en 2014. La idea denunciada hace tiempo en fuentes del CSN de que el objetivo de Endesa e Iberdrola era lograr carta blanca con el informe favorable a la ampliación de Garoña para el resto del parque nuclear, español al que le queda apenas una década de vida.

Según las revisiones integrales de seguridad (10 años máximo), a Garoña le dan por 17 años. La revisión integral de seguridad seguirá ejecutándose cada 10 años, pero por primera vez se desliga del aval dado por el organismo de seguridad para operar. Un sistema similar al francés.

Aunque todo apunta a que el Ministerio de Energía parece dispuesto a permitir la reapertura de Garoña, esta decisión no parece inminente: además de haberse dado un plazo de seis meses desde la publicación del informe del Consejo de seguridad Nuclear, plazo que termina a principios de agosto, el ministro, Álvaro Nadal, se comprometió a abrir un periodo de alegaciones y de contactos con los afectados, especialmente, las propietarias de la central, Endesa e Iberdrola. Estas cerraron ilegalmente Garoña a finales de 2012 para evitar el pago de nuevos impuestos sobre residuos radiactivos, lo que le valió una sanción de 18 millones de euros de la antigua CNE.

Existe la impresión de que, cuanto más tarde en decidir, menos probabilidades tiene la planta de recibir la autorización para funcionar otros 17 años, como le permite el CSN.

A la vista de las iniciativas legislativas de los partidos de la oposición (una específicamente sobre Garoña y otra sobre el cierre progresivo de todo el parque atómico), el Gobierno propuso al grupo Socialista un debate sobre las nucleares en España previo a la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética derivada de sus compromisos medioambientales europeos.

Si no se amplía su vida útil, en solo una década España habrá echado el cierre a sus ocho centrales atómicas. La primera que deberá pasar la revisión es Almaraz I, que en 2020 cumplirá 40 años y 37 años su reactor gemelo, el de Almaraz II. En 2027 los cumplirá la más joven, Trillo. Termina así el programa del General Eisenhower de "átomos para la paz" que otorgó al General Franco sirvió para los negocios familiares del dictador y para que proliferaran las plantas nucleares en España.

No hay prisa en reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña, parada desde diciembre de 2012, porque las eléctricas tienen una idea totalmente diferente que disimulan con noticias ambiguas que el ministro Nadal está siempre dispuesto a aceptarlas. Pero la verdad es que los residuos de la central están en Francia y dicen que en Inglaterra lo cual cuesta a las eléctricas un pastón. Y aunque Nadal no haya dicho nada la verdad es que se está construyendo un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para los residuos radiactivos de la central.

Garoña, como todas las demás centrales atómicas, cuenta con una piscina para albergar el combustible irradiado que ha empleado para generar electricidad desde su puesta en marcha, en mayo de 1966. Después de tanto tiempo, aunque parte de sus residuos están guardados en almacenes del Reino Unido, la piscina contiene más de 2.505 elementos de combustible y se halla al 96% de capacidad, según los datos de Foro Nuclear, la asociación sectorial. Y Garoña se convertirá en almacén de residuos.

Parece que el Almacén Temporal Centralizado (ATC), que se proyectó irresponsablemente en Cuenca, ha fracasado. Allí no habrá ningún cementerio nuclear. En paralelo, la compañía de electricidad EDF cifra en 1.000 millones el coste del parón de sus reactores nucleares.Si el ATC de Villar de Cañas (Cuenca), se hubiera puesto en marcha, no sería necesario que Garoña dispusiera de un ATI, pero teniendo en cuenta de la situación del ATC, manchego Nuclenor ha pensado en Garoña.

Enresa, responsable de la gestión de los residuos radiactivos y parte activa del ATI de Garoña y Nuclenor, propietaria de la central, especifica que el ATI es necesario y la central seguirá abierta, porque su piscina de combustible usado alcanzaría su capacidad máxima en una nueva recarga de combustible, y, en caso de cese definitivo, habría que sacar el combustible de la piscina para poder desmantelar la instalación. En resumen Garoña no cierra, para disgusto de todo su entorno, incluido Euskadi.

El ATI de Garoña, de hecho, está en construcción a cargo de la empresa de ingeniería Idom, la responsable de su diseño y construcción, con un presupuesto de unos 12 millones de euros. Si se cumple el calendario, el almacén de residuos estará concluido en octubre de 2017.

La licencia permitirá iniciar las obras para construir el almacén temporal (ATI) de la planta burgalesa, en el límite de Euskadi, que acogerá a 32 contenedores de desechos radioactivos, aunque inicialmente solo contará con 5 de ellos. El socialista Jesús Ángel López de Mendoza, del Ayuntamiento de Burgos, ha recordado que la construcción del almacén tiene un coste de 5, 3 millones, y cada uno de los contenedores requerirá un desembolso de 1, 3 millones extraordinarios. López de Mendoza ha añadido que exigirá, en el próximo pleno municipal, que se revoque el permiso, porque considera que es una decisión que “no se puede tomar a la ligera”. Igualmente, está dispuesto a convocar una asamblea con vecinos de los municipios de la zona de afección para darles a conocer lo sucedido, y si piden que se exija la dimisión de la alcaldesa de la ciudad, Raquel González, así lo hará. Y es que López de Mendoza ha insistido en que, por mucho que el proyecto cumpla con las normas urbanísticas, no se trata de una obra cualquiera.

El almacén nuclear es “irresponsable” y peligroso para la comarca del entorno. Por su parte, el candidato al Congreso por Equo, antes presidente de Greenpeace, Juan López de Uralde, ha calificado la decisión de “irresponsable”, al mismo tiempo que ha exigido el cierre de la central nuclear de Garoña. Además, Uralde considera “inadmisible” que se haya ignorado a la Diputación Foral de Álava, impidiendo que participe en la fase de alegaciones, tras mostrar su rechazo al proyecto. La institución ya protestó cuando el Ministerio de Medio Ambiente emitió un informe favorable respecto al impacto ambiental, requisito previo para conceder la licencia.

López de Uralde ha recordado que el almacén temporal convierte a Garoña en un “cementerio nuclear”, lleno de cadáveres nucleares y perpetúa el “riesgo radioactivo” para la zona de influencia. Es más, López de Uralde ha cuestionado su utilidad, y sobre todo su servicio en el futuro, al no construirse el almacén centralizado(ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). Equo ha afirmado que seguirá exigiendo el cierre de Santa María de Garoña, sobre todo después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emita el informe sobre su reapertura próximamente.

La nueva instalación ocupará una superficie de unos 7.200 metros cuadrados que estarán pavimentados e impermeabilizados. El material radiactivo descansará en 16 contenedores que se ubicarán sobre dos losas de hormigón de categoría sísmica, con 60 centímetros de espesor y 800 metros cuadrados cada una, aunque el ATI tendrá al final 32 contenedores.

Reabrir o no Garoña se ha convertido en un tema político ajeno a las verdades que oculta la presencia de la central en Burgos

El enfado de la Diputación Foral de Araba con el gobierno de Mariano Rajoy respecto a Garoña pasará pronto de las palabras a los hechos. El pasado mes de noviembre, el diputado foral de Medio Ambiente, José Antonio Galera, denunciaba el “ninguneo” por parte del ejecutivo del PP a Alava al conceder la autorización del almacén temporal de residuos de Garoña sin contar en ningún momento del proceso con las instituciones alavesas. El visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente a este almacén implica que Garoña pueda acoger en sus instalaciones contenedores de residuos nucleares, y el Gobierno foral entendía que Alava debía formado parte del expediente como territorio afectado. Alava recurrirá contra el almacén de residuos nucleares de Garoña. La Diputación se personará en el proceso de autorización del Gobierno de Rajoy.

El diputado general de Alava, Ramiro González, había enviado anteriormente sendas cartas a los ministerios de Industria y Medio Ambiente mostrando su enfado y reclamando una reunión con el entonces ministro José Manuel Soria. Misivas que, como adelantaron los medios, sólo recibieron una respuesta plagada de vaguedades y sin ninguna concreción.

Así las cosas, y tras constatar que el gobierno del PP se mantiene impertérrito en su postura de no contar con Alava mientras iba dando pasos hacia la reapertura de Garoña, el ejecutivo de Ramiro González ha decidido finalmente personarse motu proprio en el proceso de tramitación del expediente del almacén temporal de residuos para obligar al Gobierno central a escuchar su voz, por mucho que no les guste.

El Gobierno Vasco «lamenta y rechaza» la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de avalar una reapertura condicionada de la central de Garoña. Nuclenor ( la propietaria de la central), participa al 50 % con Endesa e Iberdrola.

El Ejecutivo vasco, a través del Departamento de Medio Ambiente, y el PNV han lamentado esta decisión de convertir la central en cementerio de residuos, porque «la central ha cumplido con creces su vida útil y además cuenta con una tecnología obsoleta, similar» a la accidentada central japonesa de Fukushima.

El Gobierno de Iñigo Urkullu se suma así «a los reiterados pronunciamientos del Parlamento vasco, que han exigido el cierre definitivo de Garoña y se han posicionado en contra de albergar un almacén nuclear en sus instalaciones», han señalado fuentes del Departamento de Medio Ambiente que dirige el socialista Iñaki Arriola.

«La prioridad seguirá siendo la seguridad». Incluso, la secretaria general del PP del País Vasco, Nerea Llanos, ha asegurado que «lo primero que tendrá en cuenta» el Gobierno central a la hora de decidir el futuro de Garoña es «la máxima seguridad», aunque es problemático una decisión así del PP.

Llanos ha recordado que su formación se ha posicionado «en numerosas ocasiones» sobre el futuro de la central burgalesa, situada a 40 kilómetros en línea recta de Vitoria. En ese sentido, ha subrayado que su formación ha votado en el Parlamento vasco en contra de que Garoña vuelve a operar y se ha adherido a propuestas que reclaman su cierre.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se retrasa en responder a cualquier conversación. Y del gabinete PNV-PSE considera que “existen fundamentos jurídicos suficientes para que las administraciones vascas interesadas se personen en el procedimiento de autorización de ejecución y montaje” del almacén de residuos nucleares de la planta burgalesa, ubicada a cuarenta kilómetros de Gasteiz. De hecho, según confirmaron fuentes forales, el Ejecutivo de Ramiro González no será el único que se persone en la causa, sino que lo hará de forma coordinada con el Gobierno Vasco. Y el portavoz, Josu Erkoreka, seguramente cuando Garoña reabra sus puertas, presentará un recurso conjunto con la Diputación alavesa.

Por ahora, y aunque la sombra de la reapertura acecha cada vez con mayor firmeza -por mucho que hace poco el CSN aplazara algunas de las decisiones más importantes al respecto ante la presión social-, el primer y más cercano objetivo de ambas instituciones pasa por el silencio de Mariano Rajoy respecto a lo que Alava tiene que decir sobre el almacén de residuos. Una infraestructura en la que sus aguas subterráneas están conectadas con el gran embalse del subsuelo de la Llanada Alavesa, como recordó el diputado foral de Medio Ambiente.

Otro de los argumentos incide en que los municipios con derecho a recibir una asignación económica para la financiación de las actividades del plan general de residuos radioactivos “son aquellos que se sitúan hasta veinte kilómetros” a la redonda de la planta nuclear, una franja de terreno que incluye a varios municipios del territorio alavés.

Los alcaldes del entorno de la central de Garoña se oponen a la instalación de un Almacén Temporal de Residuos junto a la planta nuclear porque pretenden "almacenar el combustible gastado, que es el residuo más peligroso, sin garantía de traslado ni plan de desmantelamiento".

La Asociación de Municipios Afectados por Centrales (AMAC), han constatado la falta de interés por parte de la empresa Nuclenor de mantener informados a los municipios del entorno sobre las decisiones que se toman y que afectan a sus vecinos, a pesar de las constantes declaraciones de voluntad de transparencia realizadas por Nuclenor y todo el sector.

Tras una reunión celebrada en el Valle de Tobalina, donde está enclavada la central nuclear de Santa María de Garoña, señalan que el empleo de la central como almacén nuclear, según el estudio realizado en su día por el Colegio de Economistas de Burgos con la financiación de Nuclenor, causará efectos altamente negativos en el entorno de la planta.

En ese estudio, se indica que el impacto perjudicial será aún peor en la zona más cercana a la planta, cuya dependencia de la misma es mayor, ya que este tipo de instalaciones, si bien suponen una cantidad importante de puestos de trabajo, no generan ningún tipo de economía alrededor como almacén.

Para los representantes municipales del entorno, la decisión tomada por la propiedad de la central es más grave porque sus vaivenes en la toma de decisiones sobre su continuidad han causado el abandono y desaparición del Plan de Desarrollo Económico Alternativo a la Central Nuclear que el Estado puso en marcha en el año 2009.

Esto, acompañado del silencio "por parte de la propietaria de la central y de todas las administraciones implicadas cuando se habla de compromisos con el futuro de la zona" da a entender, en su opinión, cuál es la verdadera voluntad de todos ellos: "la explotación de un territorio aislado de pequeños municipios a su interés y el abandono cuando sus intereses les llevan a otra parte".

Consideran que esto significa que después de beneficiarse de esta zona para sus intereses económicos pretenden acabar la actividad sin compromiso alguno hacia el desarrollo de la zona y "dejar los residuos que ellos han causado con su actividad para que los gestionen otros".