El pedido del fiscal general de Brasil a la Corte suprema para investigar a 54 personas involucradas en el enorme escándalo de corrupción en Petrobras, incluidos varios parlamentarios, ha desatado una tormenta en las relaciones del gobierno con sus aliados.

El partido PMDB (centro), un aliado clave del gobierno de Dilma Rousseff y que tendría a varios de sus miembros en la lista de sospechosos, da claras señales de rebeldía que ponen en peligro el ajuste fiscal que el país busca llevar a cabo para retomar el crecimiento de la economía, en su quinto año de magro desempeño.

El presidente del Congreso, el senador Renan Calheiros, y el de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB, fueron señalados por la prensa brasileña a la cabeza de los políticos con fueros que podrían ser investigados por la fiscalía general si la Corte suprema lo autoriza.

Los nombres de la lista no fueron divulgados porque las causas están bajo secreto judicial. Pero el fiscal general Rodrigo Janot, que presentó la solicitud, pidió el levantamiento de esa reserva. Ahora la Corte debe contestar.

- ¿Represalias? -

Ellos dicen no estar al tanto. Pero al parecer en represalia, Calheiros rechazó sorpresivamente el martes de noche una medida clave del ajuste fiscal que ponía fin a beneficios tributarios a empresarios, lo cual fue interpretado por analistas como una declaración de guerra del Legislativo al Ejecutivo.

El PMDB es la primera fuerza política en el Senado y la segunda en la Cámara baja, apenas detrás del gobernante Partido de los Trabajadores (izquierda).

"Que sea investigado todo aquello que se proponen investigar. Pero espero que no sean investigaciones de naturaleza política", dijo Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, a la prensa brasileña.

"No fui avisado de nada", se limitó a decir Calheiros.

La decisión del presidente del Congreso de devolver la medida de ajuste fiscal al Ejecutivo fue aplaudida por la oposición, en momentos en que muchos brasileños han llamado en las redes sociales a protestar en todo el país el 15 de marzo para exigir el impeachment (destitución) de Rousseff. Pese a las ostensibles críticas a la forma en que viene gestionando la crisis, en el Congreso aún no hay clima para dar ese paso.

Apenas dos horas después de que el Senado le denegara este capítulo del ajuste que había presentado, la mandataria volvió a enviarlo bajo la forma de proyecto de ley urgente.

En medio de la incertidumbre sobre el recorte del gasto, el dólar rozaba esta tarde los tres reales, por primera vez desde 2004. Y el Banco Central se apresta a subir nuevamente este miércoles su tasa de interés de referencia, de 12, 25% a 12, 75% anual, según un consenso de analistas, privilegiando el combate a la inflación sobre el estímulo al crecimiento.

El mercado proyecta una inflación de 7, 47% este año y un crecimiento negativo (-0, 58%), así como una contracción del PIB en 2014.

- Aliados hoy, ¿oposición mañana? -

Con Rousseff debilitada políticamente -su popularidad cayó 19 puntos a 23% según el último sondeo Datafolha de febrero- y en medio de "una crisis económica, hay que ver cómo con ese grupo de 54 nombres, incluyendo los presidentes de la Cámara y el Senado, van a discutir una agenda compleja de ajuste fiscal" prioritaria para el gobierno, dijo a la AFP, André César, analista político independiente en Brasilia.

"El daño está hecho. No hay para dónde correr. (...) Cuál será la escala de ese daño, depende del comportamiento del gobierno. Tiene que traer al PMDB para conversar semana a semana, incluirlos en la formulación de políticas estratégicas, es fundamental para salir de la crisis lo menos chamuscado posible", añadió.

Rousseff ha comenzado de hecho a invitar en las últimas semanas a los líderes de los partidos de la coalición en el Senado y la Cámara baja a reuniones en la presidencia.

El entramado delictivo, conocido como "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) consistió en un sofisticado esquema que asoció a algunas de las mayores empresas constructoras del país con directivos de Petrobras, otrora orgullo de los brasileños, para manipular licitaciones y desviar fondos.

Según declaraciones de algunos acusados, realizadas a cambio de una reducción de sus eventuales condenas, los fondos desviados fueron destinados a cuentas personales o a financiar partidos políticos, tanto afines al PT y sus aliados, como a algunos opositores.