La Fiscalía de Colombia archivó una investigación penal contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, acusado de irregularidades en la implementación del nuevo esquema de recolección de basura de la capital y de fallas en el servicio en diciembre de 2012.

"Se archivó el proceso por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y prevaricato por acción, respecto del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro", dijo este viernes el ente acusador en un comunicado.

El burgomaestre, un economista y exguerrillero siempre rodeado de polémica y contra quien se han dado varios intentos para sacarlo del cargo, celebró la decisión.

"Archivo de investigación penal contra mí es triunfo de toda Bogotá. De la Bogotá democrática y progresista. De la Justicia y la Democracia", escribió en Twitter.

En diciembre de 2012, Petro transfirió a una empresa pública, con participación de recicladores informales, la gestión de los residuos en la capital colombiana, un servicio hasta entonces concesionado a privados.

Pero por esta decisión, la Procuraduría, un órgano encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos en Colombia, lo destituyó e inhabilitó por 15 años, acusándolo de haber actuado con dolo.

La transición al nuevo esquema de aseo se dio en medio de problemas de implementación y generó la acumulación de basura durante varios días en las calles de Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes.

Ante la sanción disciplinaria de la Procuraduría, el Consejo de Estado, el tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, le otorgó a Petro medidas cautelares, una salvaguardia temporal que lo reafirma en su cargo hasta que haya un pronunciamiento definitivo sobre su caso, aún pendiente.

"Como la Fiscalía dijo que no se cometió ningún delito, se desmoronan los argumentos del procurador para destituir al alcalde", dijo a la AFP el abogado de Petro, Julio César Ortiz.

El defensor agregó que este proceso penal archivado por la Fiscalía también tiene impacto sobre la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la agencia estatal que vela por la libre competencia, "por constatar la ausencia de dolo o culpa por parte del alcalde".

En septiembre pasado, la SIC dijo que el alcalde debía suspender el nuevo sistema de recolección de basuras y le ordenó pagar 410.256.000 pesos colombianos (unos 220.000 dólares) por este tema.

Ortiz señaló que la defensa del alcalde prepara la demanda contra esta sanción pecuniaria ante la justicia administrativa.

Petro, un economista y exguerrillero de 54 años, fue elegido para gobernar Bogotá en el periodo 2012-2016.