El exsenador y exgobernador Luis Alfredo Ramos fue dejado este miércoles en libertad mientras se resuelve su caso por presuntamente haber legislado a favor de paramilitares en Colombia, informó la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"La Corte revocó la medida de aseguramiento porque ya se realizó el juicio y ya se practicaron las pruebas. La finalidad del aseguramiento era justamente asegurar la integridad de las pruebas", dijeron a AFP fuentes del alto tribunal.

Ramos, estrecho aliado del exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010) y precandidato presidencial de su movimiento, el derechista Centro Democrático, para las elecciones de 2010, se entregó a las autoridades en agosto de 2013 tras conocer una orden de captura ordenada por la CSJ.

El alto tribunal lo señala de haberse reunido junto a otros dos legisladores con varios jefes paramilitares de ultraderecha para pactar su apoyo en el Congreso, donde ocupó un escaño en el Senado entre 2002 y 2006.

La cita supuestamente tuvo lugar en enero de 2005 en una finca de la localidad de Bello (noroeste) y su objetivo fue comprometer el respaldo de los parlamentarios a una ley que creó beneficios penales para los paramilitares desmovilizados en un proceso de paz con el gobierno de Uribe, según la CSJ.

Esta norma, conocida como Ley de Justicia y Paz, les ofreció penas reducidas a los integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio de la confesión de sus crímenes y la reparación a sus víctimas.

"Soy víctima de los falsos testigos", dijo Ramos, que fue gobernador del departamento de Antioquia, feudo de Uribe, entre 2008 y 2011, a Blu Radio desde la Escuela de Caballería del Ejército, en el noreste de Bogotá, donde estaba recluido.

El también exalcalde de Medellín (1992-94) continúa vinculado al proceso, cuyos alegatos de conclusión se realizarán a mediados de diciembre y la sentencia se dictará en 2017, agregaron las fuentes.

Más de 60 políticos, en su mayoría exlegisladores, han sido condenados en Colombia por tratos con los grupos paramilitares, surgidos a mediados de 1990 para combatir a las guerrillas izquierdistas y acusados de miles de delitos atroces.