La dirigencia de la comunidad judía argentina y la oposición criticaron el martes a la presidenta Cristina Kirchner, quien en su primer discurso público a ocho días de la muerte del fiscal Alberto Nisman anunció el lunes una reestructuración de los sistemas de inteligencia.

En medio de las críticas por la repsuesta política, la fiscal que lleva el caso Viviana Fein, anunció que entregará este martes el cuerpo de Nisman a los familiares, quienes realizarán un funeral el jueves en un cementerio israelita en las afueras de Buenos Aires.

Kirchner volvió el lunes a enmarcar la muerte del fiscal que investigaba el ataque la mutual judía AMIA en 1994 en Buenos Aires, el mayor de la historia argentina con 85 muertos, en un complot de agentes de inteligencia contra su gobierno.

El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, reclamó el esclarecimiento de la muerte de Nisman y que siga la investigación de su "grave denuncia" contra Kirchner y su canciller Héctor Timerman.

Nisman apareció muerto cuatro días después de denunciar a la mandataria y al ministro de Relaciones Exteriores de intento de 'encubrir' a los acusados iraníes por el ataque terrorista a la AMIA.

Macri, precandidato presidencial, dijo además que su partido (PRO, derecha) "no confía" en el proyecto de reforma de los servicios de inteligencia, preanunciando un voto negativo de su bloque en el Congreso en un año electoral.

Julio Cobos, otro presidenciable para los comicios de octubre por el radicalismo (socialdemócrata) consideró que la mandataria "corrió el eje" al referirse a la reforma de los servicios de inteligencia.

Kirchner, criticada por no ofrecer condolencias a la familia de Nisman, anunció que busca disolver la Secretaría de Inteligencia y reemplazarla con una agencia federal, entre otros puntos de un proyecto de ley que será tratado por el Congreso a partir del 1 de febrero.

Según la presidenta, ese complot empezó a gestarse a partir de la firma en 2013 de un Memorandum de Entendimiento entre Argentina e Irán que permitiría indagar en Teherán a exfuncionarios de ese país señalados en la causa.

Ese memorandum aprobado en el Congreso argentino pero no por el Parlamento iraní, fue rechazado por la comunidad judía, la mayor de América Latina con 300.000 personas.

La colectividad reclama en cambio una ley que habilite la realización de un juicio en ausencia de los acusados, algo que no está contemplado en la jurisprudencia argentina y el gobierno dice que es inconstitucional.

"Pedimos que al menos se trate el proyecto y que la justicia sea la que declare su constitucionalidad o no", declaró a la AFP Julio Schlosser, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA), órgano político que representa a 140 entidades judías.

- "No somos demonios" -

Schlosser lamentó que Kirchner haya dicho en su discurso que la firma de ese Memorandum "despertó los demonios".

"Nosotros no somos los demonios. No es la primera vez que dice que el Memorandum despertó los demonios, por los que se opusieron", agregó Schlosser desde Mendoza (oeste), donde participará el martes de un acto por el Día en Memoria de las víctimas del Holocausto.

Por primera vez desde que se estableció esta fecha mundial, la comunidad judía argentina no participa del acto oficial de recordación del Holocausto en la Cancillería, a cargo del canciller Héctor Timerman, integrante de esa colectividad.

En cambio sí participarán de un acto organizado por el alcalde capitalino.

Otro grupo de familiares de víctimas de la AMIA eran esperados en la residencia presidencial de Olivos para reunirse con Kirchner.

Nisman apareció muerto el domingo pasado, horas antes de presentarse en el Congreso para explicar su denuncia contra Kirchner y Timerman, entre otros.

Desde el inicio en 2003 de la gestión kirchnerista, Argentina ha reclamado reiteradamente a Irán cooperación judicial para poder indagar a exfuncionarios iraníes acusados en la causa AMIA.

La denuncia completa de Nisman, difundida por la justicia después de su muerte fue considerada endeble por varios destacados juristas.

La acusación se basó en la intervención telefónica a un dirigente de la comunidad musulmana argentina, de unos 700.000 integrantes aunque no hay cifras oficiales.