Estados Unidos sostuvo hoy que el gobierno mexicano respetó en lo general los derechos humanos en 2009, pero advirtió que en la lucha antinarco han existido abusos, creciente privatización de la seguridad y preocupaciones por la aplicación de la ley. En su Reporte Anual sobre los Derechos Humanos 2009, el Departamento de Estado también reconoció que gran variedad de grupos pro derechos humanos nacionales e internacionales operaron en México sin restricciones, investigando y publicando sus reportes sobre el tema. La dependencia estadunidense alertó en el documento que la situación de violencia ha conducido a una creciente privatización de la seguridad y a preocupaciones de que la sociedad busque aplicar la ley por su propia mano. "Se estima que 10 mil firmas privadas de seguridad operaron en el país, de las cuales se reportó que un 80 por ciento no cumplió con los requisitos legales de registro", señaló el informe que cubre la situación en más de 180 países. "Esta gran presencia del sector privado en la seguridad condujo a preocupaciones sobre prácticas de ´vigilantismo´", señaló la dependencia que encabeza Hillary Clinton en alusión a la práctica en la que los ciudadanos aplican la ley por su propia mano. Asimismo, mencionó el despliegue de 50 mil soldados para combatir a los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado en 2009, e hizo notar que el gobierno buscó asegurar que la coordinación fuera de autoridades civiles que a su juicio mantuvieron un efectivo control. No obstante, indicó que hubo instancias "en las cuales elementos de estas fuerzas actuaron" fuera de las políticas del gobierno. Al respecto, refirió que organizaciones como Human Rights Watch criticaron a la Secretaria de la Defensa Nacional por la "falta de transparencia en la información disponible al público". En ese sentido sostuvo que "el gobierno respetó y promovió en lo general" los derechos humanos, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó asesinatos extrajudiciales por las fuerzas de seguridad, secuestros y abuso físico. El Departamento de Estado mencionó otros problemas y lamentó que el secuestro siga siendo un "serio problema" para todos los estratos sociales y económicos. En materia de tortura, el Departamento de Estado destacó que el gobierno mexicano adoptó acciones para evitar la práctica, pero hizo notar que los grupos no gubernamentales ligan el abuso físico con las detenciones arbitrarias. Aunque la ley prohíbe estas detenciones, la CNDH reportó mil 289 casos el año pasado, indicó el reporte.