En el año 2014, la Organización de las Naciones Unidas - en estrecha colaboración con algunos de sus Estados miembros y otras partes interesadas, estableció el Día Mundial del Agua. Ese dia se hace énfasis en el nexo agua-energía, abordando en particular las desigualdades, especialmente para una gran parte de la población que vive en barrios marginales y zonas rurales empobrecidas sin acceso al agua potable, al saneamiento adecuado, alimentos suficientes y los servicios energéticos. También tiene como objetivo facilitar el desarrollo de políticas y marcos transversales de sistemas que tengan por objetivo la seguridad energética y el uso sostenible del agua en lo que se conoce como economía verde o energía sustentable. Se prestará especial atención a la identificación de las mejores prácticas para el uso del agua y la eficiencia energética, para hacer que la llamada “industria verde” sea una realidad. Y para calmar la sed de tantos millones de gargantas, un fundamento de los  Derecho del Hombre….

..porque 800 millones de personas no tienen acceso al agua potable y cerca de 2500 millones no poseen servicios de saneamiento adecuado. En el África Subsahariana rural, millones de personas comparten las fuentes de agua doméstica con los animales o dependen de pozos sin protección. De 6 a 8 millones de personas mueren anualmente a causa de catástrofes y enfermedades ligadas al agua.

La distancia media que camina la mujer en África y en Asia para recoger agua es de 6 kilómetros. Diversos estudios muestran que si nada cambia serán necesarios 3, 5 planetas para cubrir las necesidades de una población mundial cuyo estilo de vida pued compararse al de los europeos o norteamericanos.

El uso medio de agua es de 200 a 300 litros por persona y día en la mayoría de los países en Europa frente a los menos de 10 litros en países como Mozambique. Para los 884 millones de personas en el mundo que viven a más de 1 kilómetro de una fuente de agua, el uso es normalmente inferior a 5 litros al día de un agua insalubre.

85% de la población mundial vive en la mitad más seca del planeta. Casi el 66% de la superficie de África es árida o semiárida, en sequía permanente.. De los 800 millones de habitantes del África subsahariana, casi 300 millones disponen de escasos recursos hídricos

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El riego y la producción de alimentos son las actividades que más agua precisan. La agricultura consume casi el 70% del agua, una cantidad que en las economías emergentes alcanza el 90%.

El consumo creciente de productos cárnicos es desde hace 30 años lo que más impacto tiene en el consumo de agua, según la FAO. Son necesarios 3.500 litros de agua para producir un kilo de arroz, en tanto que para producir un kilo de carne de vacuno se precisan 15.000 litros de agua.

Al menos doce países de la región árabe y de Asia Occidental sufren graves carencias de agua, con menos de 500 m3 de agua procedente de fuentes renovables por habitante.

El Día Mundial del Agua trata de lo que se debe de ser o debía habersido a partir del año 2014 para promover prácticas sostenibles en el ámbito de agua y energía. Los mensajes clave que figuran en el programa de las Naciones Unidas pueden ser utilizados como base para ayudar a encuadrar y diseñar las actividades y mensajes por el día.

A nivel mundial, 1, 3 mil millones de personas no tienen acceso a la electricidad, 768 millones de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable y 2, 5 mil millones de personas no tienen acceso a servicios de saneamiento. El agua y la energía tienen impactos importantes sobre el alivio de la pobreza.

Una mejor eficiencia en el uso del agua y la energía es tan imprescindible como son las políticas coordinadas, coherentes y concertadas.

Una mejor vinculación entre los sectores de agua y energía mejorará la coordinación en materia de energía y planificación del uso del agua, dando lugar a la reducción de ineficiencias. Quienes diseñan políticas, los planificadores y los profesionales pueden y deben tomar medidas para superar las barreras que existen entre sus respectivos dominios. Se necesitan políticas nacionales innovadoras y pragmáticas que pueden conducir a una mayor eficiencia y una prestación de los servicios de agua y energía efectivas en cuanto a sus costos.

El agua es un bien natural insustituible, un recurso estratégico y el sustento de todas las formas de vida. “El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

El derecho al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de  enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo e higiene. La carencia agua potable no hace sino contribuir al círculo crónico de la pobreza y la enfermedad en que se ven atrapadas millones de personas en el mundo. Por ello, se hace necesario configurar el agua como bien público global, entendido su acceso como una mínima y básica exigencia de justicia global.

Se estima que en 2025 la demanda de agua en el mundo puede ser un 56 % superior al suministro, hecho que sin duda dará lugar al desencadenamiento de luchas y conflictos entre grupos con intereses contrapuestos y a diferentes niveles: local, regional, nacional y mundial.  Informes de las Naciones Unidas desde 2006 habla de 507 episodios de hostilidad internacional ocasionados por el control y utilización del agua.

Hace uno años el Secretario de Defensa británico, John Reid, pronunció un discurso en el que indicó que la combinación de los efectos del cambio climático global con los cada vez más escasos recursos naturales, entre ellos el agua, incrementan en el inmediato futuro la posibilidad de que se generen conflictos violentos por el control y utilización de las tierras, los alimentos, la energía y… el agua.

El acceso al agua y al saneamiento en África Subsahariana,

El saneamiento es el hermano pobre de los organismos y los departamentos encargados del agua en el mundo. Siempre ha sido más fácil encontrar financiador para inaugurar un pozo que unas letrinas. A pesar de ello entró dentro de la Resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas por la que ésta reconocía el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.

El saneamiento es el hermano pobre de los organismos y los departamentos encargados del agua en el mundo

La Resolución se tomó allá por 2010, a cinco años de la fecha límite de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fue quizás por eso que, en el Día Mundial del Agua de 2012, Ban Ki-moon anunciaba que la meta del Milenio de reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento se había cumplido. El tiempo apremiaba y los anuncios de éxito en las políticas globales de agua y saneamiento se debían de comenzar a realizar… incluso si se tenía que pasar por encima de las cifras.

Lo que en realidad decía el informe en el que Ban Ki-moon se basaba era que se había conseguido aumentar la proporción de personas que acceden a una fuente mejorada de agua potable. Entre fuente mejorada y acceso sostenible, que implica una fuente segura, existe una gran diferencia que el departamento de prensa del Secretario General decidió omitir. Cifras más realistas hablan de entre 1.000 y 4.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable segura actualmente. El Banco Mundial habla sin tapujos de 3.000 millones (¡la mitad de la población mundial!). En cualquier caso, se utilicen las cifras que se quieran utilizar, las de Ban Ki-moon, las del Banco Mundial o las de otros estudios, todos coinciden en afirmar que África Subsahariana es la región donde más gente se ve privada del agua potable y de un saneamiento adecuado cada día.

Y en todo  el Subsahara la vida es seca lo cual conlleva no solo sed sino una falta total de higiene. Por ejemplo en un suburbio de Kibera, cerca de Nairobi, es como otros muchos suburbios del mundo. Sin embargo hay una cosa por la que destaca en los informes de expertos y los anecdotarios periodísticos. Allí la falta de saneamiento adecuado ha sido solucionada por su población con la creación de una herramienta: los flying toilets. Éstos consisten en defecar dentro de una bolsa de plástico, que es lanzada después por los aires, ya sea en zonas de desechos en mitad del suburbio, ya sea en mitad de la calle. La anécdota, el chiste fácil y escatológico, oculta tras de sí una realidad dramática que se lleva por delante muchas vidas a lo largo del año en forma de enfermedades fácilmente mitigables.

Si nos sentamos a analizar las causas de esta situación más allá del Sahara, el imaginario colectivo nos llevará a pensar que es la imposición de políticas del norte sobre el sur lo que impide que África Subsahariana implemente alternativas al modelo neoliberal. Sin embargo la realidad no es ésta. Los gobiernos africanos no están interesados, en general, en ofrecer una alternativa al modelo, sino en sumarse al mismo. La solicitud de éstos es, en general, de falta de financiación o de coordinación con los fondos de ayuda al desarrollo existentes. Esto hace que la respuesta que buscan para solucionar el conflicto por los recursos hídricos se encamine hacia los modelos privados.

Sin embargo los resultados de la apuesta por el modelo liberalizador no son elocuentes. A pesar de su predisposición a contar con capital privado, los gobiernos africanos no logran movilizar la inversión necesaria. Y eso que el mercado privado internacional de los proyectos medioambientales está en alza y que se calcula que la producción de las diez cuencas más pobladas del planeta se prevé aportará en 2050 un cuarto de la producción global.

Los motivos van más allá de la voluntad de apostar por un modelo público o privado de agua. Los gobiernos africanos están llevando a cabo acciones paralelas al sistema de agua y saneamiento que hacen peligrar el acceso de la población en general a éste. Uno de los mayores riesgos viene de la cesión de tierras para la gran industria agrícola. En lo que se ha dado en llamar un suicidio hidrológico, los gobiernos africanos ceden tierras propias a otros países para el cultivo, eliminando recursos tradicionales de agua para la población. En Mali, se calcula que las aguas del río Níger que pasan por el país podrían irrigar 250.000 hectáreas. Sin embargo el gobierno democrático de antes del actual conflicto había asignado 470.000 hectáreas de tierra cultivable a compañías principalmente de Libia, China, Reino Unido y Arabia Saudí.

El mercado privado no está interesado en invertir en agua y saneamiento en el continente. Tampoco existe una verdadera voluntad política de priorizar las inversiones públicas en agua por los gobiernos africanos

-La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (Aecid) dedicó teóricamente en 2008 el 46% de la ayuda en agua y saneamiento a la construcción de pozos, cuyo impacto en el acceso al agua es extremadamente bajo.

Las prioridades políticas están en la evolución de unas más que cuestionables cifras. Pero en lugar de preocuparse por cuántos africanos y africanas carecen de acceso al agua y al saneamiento y de cómo se pueden maquillar las cifras o establecer objetivos técnicos, carentes de contenido político, deberíamos asumir que es un problema de desigualdad económica. El 20% más pobre tiene una probabilidad veinte veces mayor de defecar al aire libre que el 20% más rico. Queda claro, pues, que el acceso al agua y al saneamiento depende de lo desigual que es una sociedad. Que la necesidad más acuciante consiste en la construcción de una democracia de base y la necesidad de realizar un reparto de la riqueza a través del cual el Derecho Humano al agua y al saneamiento sea posible

Pero hay sobre todo desde comienzos de siglo, la manía de las privatizaciones que chocan con cualquier interés público de las poblaciones y de algunos entes internacionales.

Tradicionalmente las aguas subterráneas han sido de dominio privado, mientras las aguas superficiales, desde el enfoque regeneracionista de Joaquín Costa, han sido consideradas de dominio público. Costa era un liberal que supo entender las claves del fracaso de la iniciativa privada en la construcción y gestión de grandes obras hidráulicas a finales del XIX y principios del XX (inversiones ingentes con periodos de amortización excesivamente largos). Reclamó el dominio público sobre las aguas superficiales, de forma que pudieran justificarse, en nombre del “interés general”, los enormes esfuerzos económicos que el desarrollo de la gran obra hidráulica exigiría al erario público. Nada de todo esto se requería para explotar las aguas subterráneas, que quedaron por ello ligadas a la propiedad privada de la tierra. Al fin y al cabo las inversiones necesarias para alumbrar un pozo eran y son asequibles a los agentes privados sin necesidad de la intervención del Estado. Por ello, tradicionalmente, las aguas subterráneas han sido consideradas privadas y la posibilidad legal de compra-vender esos derechos de propiedad ha estado y está vigente en España (ni siquiera la Ley de Aguas de 1985, que tendió a extender el dominio público sobre el conjunto del ciclo hidrológico, incluyendo las aguas subterráneas, ha conseguido modificar de forma apreciable esta realidad).

Sin embargo estos mercados, lejos de gestionar la escasez, desde las leyes de la oferta y la demanda, han constituido claros ejemplos de mercados “pinchados” o “laxos”. Llama la atención el escaso crecimiento de precios en esos mercados, en contraste con los espectaculares incrementos de precios de otros mercados como el de los terrenos. Por ejemplo, en Almería, desde 1993 al 2001 los precios pagados por metro cúbico subieron tan apenas un 25% (el coste de la vida), mientras el valor del suelo agrario se cuadriplicaba. Las claves del fenómeno son evidentes. Un empresario que desee extender su superficie de invernadero, en lo que se refiere a los derechos de agua, tiene dos opciones: acudir a los mercados existentes y pagar lo que corresponda, o bien perforar un nuevo pozo al margen de la legalidad. En la medida en que esta última alternativa supone costes similares o    menores, la opción suele ser hacer un nuevo pozo, aunque sea al margen de la ley. De esta forma la limitación de recursos del acuífero y el correspondiente nivel de escasez generado por los nuevos usos, no se refleja en los precios, que se mantienen laxos: pinchados por el desgobierno y la falta de control sobre los derechos de propiedad en esos acuíferos de existencias sostenibles limitadas. Cuando más de la mitad de los pozos en muchas de estas comarcas de Alicante, Murcia, Almería y la Mancha son irregulares y se estiman en 200.000 las hectáreas de regadíos ilegales en el olivar andaluz, hablar de desgobierno y corrupción en materia de gestión de las aguas subterráneas no es exagerado.

Con su entrada al Gobierno del Partido Popular aportó un nuevo elemento a través de la Reforma de la Ley de Aguas: la legalización de los libres mercados de derechos concesionales de aguas públicas (en general superficiales). Si combinamos esta reforma con la posterior aprobación del Plan Hidrológico Nacional, basado en la política de trasvases hacia el eje mediterráneo, sobre la base de una masiva subvención pública, nos encontramos con un marco preocupante de institucionalización de la corrupción. La combinación de la subvención pública y de la liberalización de mercados inducirá sin duda sinergias cuyos efectos pueden ser tan demo ledores como inmorales, ya que se podrá especular con derechos de aguas previamente subvencionados por el erario público.

Estas sinergias negativas dinamizarán aún más la espiral de demandas al calor de los negocios que susciten esos libres mercados. No olvidemos que la política trasvasista no hará sino alimentar esos mercados en el ámbito del litoral mediterráneo, donde el desgobierno y descontrol de derechos en la gestión de las aguas subterráneas ha hecho saltar la sostenibilidad de todos los ecosistemas (acuíferos subterráneos y ríos). En este contexto, los mercados de derechos concesionales, en lugar de racionalizar, desde un punto de vista económico, la gestión de las aguas superficiales, proyectarán sus perversiones especulativas agravando la sobreexplotación de los acuíferos (el eslabón débil del control de derechos de uso/propiedad).

Mientras, por la puerta de atrás, y sin hacer ruido, más del 50% de los servicios municipales de aguas han ido pasando a manos privadas, sin que, en la mayoría de los casos haya mediado el más elemental debate ciudadano. En España, a diferencia de la mayoría de los países de la UE, ese proceso ni siquiera está siendo controlado por leyes e instituciones de regulación. El brutal proceso de anorexización de la función pública (disminución de impuestos directos, reducción de disponibilidades presupuestarias, ...) al que nos van sometiendo las presiones de los grandes poderes globalizadores (Banco Mundial + Fondo Monetario Internacional + Organización Mundial del Comercio, ...), junto a la degradación burocrática de la función pública, van siendo discretamente conducidos por la derecha hacia la privatización pretendidamente “redentora”“eficiente” y “modernizadora”.

El reto es de la máxima trascendencia y no se resuelve simplemente condenando la perversión de lo privado y defendiendo solo lo público. La gente ha reaccionado y abierto un profundo debate social precedido de la pertinente autocrítica sobre la degradación de la función pública, abusiva principalmente del PP y asociados. Sólo desde esa defensa estaremos en condiciones de regenerar esa función pública en torno al reto del año 2014 y en pleno siglo XXI: el diseño y aplicación de un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Un reto que los mercados del gobierno español ni entienden ni les interesa abordar.