Una organización ecuatoriana de ecologistas anunció este jueves que reunió las firmas exigidas por la ley para someter a consulta popular la explotación petrolera en la reserva natural del Yasuní (sureste), impulsada por el gobierno izquierdista de Rafael Correa.

"Hasta el momento tenemos contabilizadas 727.947 firmas", una cifra superior a las 583.000 que debían reunir los promotores de la consulta, señaló Carla Espín, de la organización Yasunidos, en conferencia de prensa.

Las rúbricas deberán ser validadas por la autoridad electoral, tras lo cual la Corte Constitucional tendrá que autorizar que el tema sea llevado a las urnas en un plazo no previsto.

"Con estas firmas tendríamos formalmente la certeza de que la consulta popular va (...), pero sabemos que seguirán habiendo trabas" en el proceso, señaló Elena Gálvez, dirigente de Yasunidos.

Apoyado por un sector de los indígenas y otras organizaciones ambientalistas, Yasunidos pretende dejar sin piso los planes del gobierno de iniciar la extracción petrolera en una zona del Parque Yasuní, uno de los santuarios ecológicos más diversos del planeta con casi un millón de hectáreas de bosque tropical húmedo.

Correa anunció en agosto de 2013 su decisión de dar paso a la actividad petrolera en la reserva, tras fracasar su campaña para evitar la explotación de crudo, y la consecuente emisión de gases contaminantes, a cambio de un millonario aporte internacional que nunca se concretó.

Dominado por el oficialismo, el Congreso acogió en octubre el plan de Correa, quien promete un mínimo impacto ambiental y asegura que los millonarios recursos de la explotación serán utilizados para erradicar la pobreza en Ecuador, que en 2013 afectaba al 23, 7% de la población de casi 16 millones de habitantes.

Sin embargo, ambientalistas e indígenas sostienen que el aumento de la actividad petrolera en el Parque Yasuní -donde operan desde hace décadas petroleras como la española Repsol- generará graves daños sobre el ecosistema y pondrá en riesgo a las comunidades indígenas en aislamiento voluntario.

"Sabemos que estamos enfrentados, en desigualdad de condiciones, a un gobierno extractivista, pero confiamos que tendremos la capacidad de llevar a buen fin este proceso", señaló Gálvez.