El jueves de la semana que viene, el Senado de EEUU votará una propuesta para dotar de más poder al Gobierno norteamericano en la vigilancia de las comunicaciones.Hasta ahora, el FBI disponía de una tecnología (Carnivore) capaz de rastrear ciertas palabras clave, pero para acceder a los archivos necesitaba de un permiso judicial.

De aprobarse la reforma, la policía federal, así como otros 21 organismos públicos incluidos el regulador bursátil SEC y el Departamento de Comercio FTC, podrán acceder a los correos electrónicos, archivos en Google Docs y mensajes privados en Facebook y Twitter de cualquier persona sospechosa, sin la autorización de un juez.

Huawei

La propuesta para endurecer el control público sobre las comunicaciones en EEUU tiene como fin las luchas antifraude y antiterrorista, pero coincide con las recientes dudas acerca de si las compañías chinas Huawei y ZTE constituyen un riesgo para la seguridad nacional. Un informe elaborado por una comisión del Congreso estadounidense recomienda a la Casa Blanca vetar las fusiones y adquisiciones a estas dos firmas asiáticas, y plantea que las empresas no les compren más equipamiento ante la posibilidad de que colaboren con los servicios de espionaje del Gobierno de Pekín.

Una investigación posterior no ha encontrado pruebas de que hayan espiado en suelo americano, si bien las sospechas no se han evaporado del todo.

La próxima votación está generando una gran polémica en EEUU, donde el grupo conservador FreedomWorks ha enviado a la Cámara varios miles de peticiones con el mensaje "Eh, Congreso, ¡no entres en mi email!"

RIM

El control sobre las comunicaciones no es afán exclusivo de la Casa Blanca. Hace dos veranos, RIM acabó alterando su política de privacidad para permitir que países como India, Argelia e Indonesia tuvieran acceso a las comunicaciones a través de móviles BlackBerry –al controlar sus propias redes, son los únicos equipos que no pueden ser interferidos sin conocer las claves de acceso-. Egipto llegó a bloquear sus servicios después de que la compañía se negara a concederle dichas claves.

Para desvelar estas realidades, Google hace público cada año el listado de países que le requieren que elimine del buscador contenido de índole política. El año pasado, un tribunal de EEUU ordenó a la compañía de Internet que retirara 218 resultados de búsqueda vinculados con sitios web supuestamente difamatorios, de los que sólo una cuarta parte fue finalmente eliminado.

Fuente: Expansion