Al 2017 se calcula que en todo el mundo se obliga anualmente a más de un millón de niños a participar en estos actos de explotación sexual, llegando a ellos por la fuerza o mediante engaños, dejando de lado su dignidad y cambiando su infancia por daños a su salud mental y física. De lo anterior, se deduce que cualquier forma de violencia sexual contra las mujeres o niñas es un problema de grandes magnitudes que tiene consecuencias en su vida, en su entorno y en cada uno de los contextos en los que la víctima se desarrolla.

Entre los tipos de explotación sexual comercial de menores se reconocen como las principales a: la pornografía infantil audiovisual e impresa, las actividades sexuales o erótivas remuneradas y el mal denominado "turismo sexual", donde el paquete recreativo que se ofrece al visitante incluye contacto con menores de edad. Según UNICEF, hasta el 2016 unos 120 millones de niñas de todo el mundo han sufrido relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. Con diferencia, los agresores más habituales de la violencia sexual contra niñas o adolescentes son sus esposos, compañeros o novios. Cabe señalar que el 93% de las menores explotadas sexualmente tiene entre 12 y 17 años.

Las cifras demuestran que se trata de un fenómeno extenso y complejo, que genera la culpa, la humillación, la  depresión, la pérdida de autoestima, entre otras que son heridas que alteran y dañan la vida misma de las niñas, niños y adolescentes, comprometiendo seriamente su desarrollo integral.

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en turismo (ESNNA) es un delito que en las últimas décadas ha cobrado mayor importancia, en especial en la agenda nacional, por lo que no se puede negar que es una realidad presente, pero que cada día va en aumento, por lo que preocupa lo mucho que hay por realizar en términos de prevención.

La ESNNA se reduce a la utilización de menores de edad en actos o representaciones de carácter sexual o eróticos, para satisfacer intereses o deseos de otras personas a cambio de un beneficio económico o al pago de otra índole. Desde esta perspectiva, implica reconocer un comportamiento abusivo contra las niñas, niños y adolescentes, en el que se les despoja de sus más elementales derechos. 

Toda esta gravísima situación social, lamentablemente, no registra una cifra precisa y confiable que muestre la dimensión del problema en toda su magnitud,  pero se puede afirmar que el peligro existe a la vuelta de la esquina, por lo que es necesario tomar conciencia y saber del problema al que se exponen los niños y adolescentes.

Si bien la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes – ESNNA es una problemática que afecta gravemente los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia en el Perú, somos poco conscientes del tema, por eso es considerado por muchos como un delito invisible, ya que pasan casi desapercibidos por el Estado y la ciudadanía pese a su gravedad.

En el ámbito del turismo, esta “actividad” merma los esfuerzos desarrollados para la creación y consolidación de lugares turísticos debido a que es un problema existente en importantes destinos de nuestro país, donde participan algunos  malos agentes turísticos.

Todas las niñas, niños o los adolescentes, tienen derecho a vivir, desarrollarse y disfrutar de una vida plena, sana, y libre de violencia, por ello tanto la sociedad como el Estado deben garantizar la protección de estos derechos.

El Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas apropiadas y eficaces, legislativas y políticas, para prohibir y erradicar la violencia contra la infancia, incluyendo el abuso y la explotación sexual infantil.

Es preocupante el número de niñas, niños y mujeres víctimas de este tipo de violencia, por lo que sin duda es una situación alejada del cumplimiento de las leyes nacionales y de importantes metas y acuerdos internacionales, entre los cuales se puede citar el Tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio, que ha buscado promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

Los esfuerzos de sensibilización para la prevención ante las múltiples formas de violencia sexual contra la infancia, la educación de los niños y las niñas para su autoprotección y la adecuada formación de los profesionales que trabajan en distintos ámbitos  que persiguen la detección temprana de estas situaciones, son los ejes vertebrales de las intervenciones en esta materia.

Pero debería precisarse que prevenir la explotación sexual es una tarea conjunta del Estado, empresa y sociedad en general, dado el sostenido incremento de los casos de la ESNNA en el ámbito nacional, es una realidad que afecta duramente a los más vulnerables e inocentes de la sociedad.

Para evitar que todo se reduzca a buenos propósitos, se requiere establecer una serie de acciones de prevención que sean medibles a través de indicadores a tener en cuenta por parte de los diferentes actores sociales para lograr una intervención eficaz ante estos casos.

Lograr que los diversos sectores del Estado coordinen acciones de manera sincronizada es un desafío pendiente, pero de nada vale esta exigencia si es que la sociedad civil, es decir la comunidad organizada, no asume que la prevención y atención de las consecuencias de estos delitos también son su responsabilidad. No basta contar con leyes sino que se requiere activar todo el sistema de soporte y los mecanismos de funcionamiento legal y social para que se legitimen conductas de indignación y de protección como expresión de los valores sociales de toda sociedad.

Es necesario enseñar a las niñas, niños y adolescentes, autoridades, empresarios y población en general las consecuencias de participar en un delito como la explotación sexual infantil que nos permita superar las barreras de la tolerancia social y no aceptar que en nuestra sociedad se abuse y se explote a niñas, niños o adolescentes. Es necesario empezar ahora.

 Eco. José Soto Lazo

Jsoto2503@gmail.com