Instituciones Penitenciarias trasladará a partir del lunes al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional el expediente favorable para la concesión de la libertad condicional al recluso etarra José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, de 59 años, preso en Basauri (Bizkaia). Se trata de la segunda libertad condicional de un preso de ETA que gestiona el Gobierno de Mariano Rajoy, pero la primera que impulsa el Ejecutivo del PP íntegramente (la primera ya la había instado el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero).

Interior aplica así a Fernández Pérez la denominada vía Nanclares, que implica la concesión de beneficios penitenciarios solo a aquellos presos que rechacen la violencia y pidan perdón a las víctimas, una política iniciada e impulsada por el anterior Ejecutivo socialista. El exmiembro de ETA rompió con la banda en enero de 2010, un año y diez meses antes de que ETA anunciara el "cese definitivo" de su "actividad armada", un histórico paso del que hoy precisamente se cumplen seis meses.

Fernández Pérez, que cumple condena desde mayo de 1992 y al que se le aplicó la doctrina Parot —por la que su pena no se extinguirá hasta 2022—, había pasado por todos los pasos previos al tercer grado: permisos de salida de 36 días al año y más tarde la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, desde diciembre de 2010, que le permitía salir de la cárcel de lunes a viernes para estudiar o trabajar. Ya había llegado el tercer grado, con el que podrá salir a diario de prisión. Un paso imprescindible para que ahora se le pueda conceder la libertad condicional.

Más información

• Interior impulsa la 'vía Nanclares' con un tercer grado a un recluso de ETA
• La izquierda 'abertzale' pide a los presos etarras que asuman la legalidad
• El Gobierno bloquea los intentos para reabrir la negociación con ETA
• Seis meses desde el histórico anuncio

Si el preso obtiene finalmente la libertad condicional, cumpliría el resto de condena, hasta mayo de 2018, en su domicilio, con las medidas de control que en su caso decida imponerle el juez.

Fernández Pérez, que fue detenido en mayo de 1992 por colaborar con el comando Vizcaya y se le condenó a 41 años de cárcel, había sido cómplice de un atentado contra el guardia civil José San Martín Bretón al dar cobijo en su casa al asesino, Javier Martínez Izaguirre. Los agentes, además, hallaron en su chalé un zulo dispuesto para albergar a un secuestrado.

Otros 22 reclusos de la banda que también cumplen pena en prisiones del País Vasco —la mayoría en Zaballa (Álava), pero algunos en Basauri y otros en Martutene (Gipuzkoa) —tienen concedido el tercer grado penitenciario porque cumplen con los requisitos que exige el Código Penal para presos de terrorismo. Son una minoría dentro de los presos de ETA. En total hay más de 550 reclusos de la banda en cárceles españolas, casi todos fieles a las consignas del colectivo oficial que prohíbe expresamente acogerse a estas medidas.