España debe formar mejor a sus policías para evitar que sean violentos con los migrantes que intentan entrar en Melilla desde Marruecos, recomendó este jueves el Consejo de Europa, que también denunció la violencia de las fuerzas de seguridad marroquíes.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo, cuyos expertos viajaron el año pasado a Melilla, "recogió alegaciones sobre un uso excesivo de la fuerza" por parte de policías españoles, durante el arresto de migrantes irregulares, indicó un informe publicado este jueves.

Los investigadores hacen hincapié en un incidente ocurrido el 15 de octubre de 2014, registrado por unas cámaras de vigilancia: un migrante recibió entonces "al menos ocho golpes de porra" mientras bajaba de la valla erigida entre Marruecos y Melilla. El CPT "pide una investigación diligente y eficaz sobre ese incidente y recomienda que se tomen medidas para mejorar la formación" de los policías.

Unos extranjeros contaron, además, a los delegados del CPT que, tras haber sido repelidos hacia Marruecos, las fuerzas de seguridad marroquíes les dieron patadas y los golpearon con palos y ramas de árbol.

Los funcionarios marroquíes también hostigaron a los migrantes "en el interior de las vallas fronterizas situadas en territorio español", según el CPT, que recomienda que "ningún extranjero sea entregado a la fuerzas (marroquíes) por los riesgos de malos tratos".

El Consejo de Europa muestra, además, su preocupación por una ley adoptada a finales de marzo en España para legalizar la entrega "automática" de los migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, sin recoger siquiera su identidad. Las autoridades españoles no deberían expulsar a los migrantes sin haber "identificado a las personas que necesitan protección", asegura el CPT.

En enero, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ya había mostrado su preocupación frente a esa legislación que, según él, significa "el comienzo del fin del sistema del derecho a asilo". El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, justificó esa ley por el derecho "fundamental" de España "a proteger sus fronteras" y aseguró que esas entregas respetarían los convenios internacionales.