Este martes entra en vigor una nueva Convención del Consejo de Europa, en este caso, para reconocer el "derecho" de los ciudadanos a tener acceso a documentos oficiales en manos de las autoridades de sus países. Este compromiso será de aplicación a partir de ahora tras ser ratificado por 10 países, entre los que no se encuentra España, que ni ha firmado ni ratificado un documento que ve la luz en un momento en el que, de momento, el Gobierno no ha dado respuesta a la exigencia del Portal de Transparencia para que informe del nombre de los expertos que han asesorado a Sanidad durante la pandemia.

La Convención de Acceso a Documentos Oficiales estará desde hoy operativa en Bosnia-Herzegovina, Estonia, Finlandia, Hungría, Lituania, Montenegro, Noruega, Moldavia, Suecia y Ucrania y otros ocho países la han firmado pero no ratificado. Fuentes del Consejo de Europa explican que es "voluntaria" y que los países que, como España, tienen órganos similares al Consejo de Transparencia no están eximidos de unirse a ella. "Va despacio", apuntan.

España es uno de los 47 países del Consejo de Europa llamados a unirse y no se encuentra en ninguna de las dos listas, de manera que de momento no se adhiere a la llamada Convención Tromso, por el nombre del la ciudad noruega donde se abrió a firmas, que reconoce el "derecho general de acceso a documentos oficiales en poder de las autoridades públicas".

Según el texto, se considera "autoridades públicas" no solo miembros de distintos niveles de gobierno, parlamentos o tribunales, también "personas físicas o jurídicas que ejerzan autoridad administrativa". Según la Convención, "garantizarán el derecho de todos, sin discriminación de ningún tipo, a tener acceso, a demanda, de cualquier documento en manos de autoridades públicas".

Tal y como ocurre en el Consejo español de Transparencia y Buen Gobierno, también esta Convención existen "limitaciones" a ese acceso, relativas a cuestiones de seguridad nacional, seguridad pública o cuando afecte a intereses económicos y comerciales.

Sin embargo, España de momento se ha quedado fuera de este documento, que entra en vigor justo en un momento en el que el Gobierno no precisa cuándo ofrecerá la identidad de los miembros del comité de expertos que asesoraron al Ministerio de Sanidad en la gestión de la pandemia.

Un día después de conocerse esta resolución del Consejo de Transparencia, el Ejecutivo ha insistido en que sigue estudiando cómo responder a una cuestión que ha mantenido oculta durante toda la pandemia.

"Estamos haciendo el traslado del expediente y estaremos en condiciones de responder en tiempo y forma", ha indicado este martes la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero.