LA EVOLUCIÓN DE LAS MENTALIDADES Y LA NECESIDAD DE  RENOVACIÓN POLÍTICA

Por Teresa Da Cunha Lopes

Entre la evolución de las mentalidades y la necesidad de la renovación de la clase política, todos los actores, cualquiera sea la tendencia, y los gobiernos deberían buscan garantizar una representación efectiva de la ciudadanía, sin marginalizar la mitad de la población: las mujeres. O sea pensar el campo político y la participación política a partir del paradigma de la paridad igualitaria. 

Sin embargo, lo que tenemos es una subrepresentación de las mujeres en el espacio político. Esta crisis de representación y ciudadanía radica en la participación desigual entre mujeres y hombres en la gobernanza política y también económica. Desigualdad que resulta en la falta de oportunidades para que las mujeres participen en el ejercicio de mandatos, asuman funciones electivas, participen en todos los niveles de decisión.

Es bien verdad (y no lo niego) que la subrepresentación de las mujeres en la política, y en los círculos de la toma de decisiones se debe, por otro lado, a condiciones histórico-culturales que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, a un reconocimiento tardío de su derecho al voto, principalmente debido a la concepción tradicional del papel de la mujer en las sociedades occidentales que, hasta la segunda mitad del siglo XX, tuvieron su actividad limitada a la esfera privada y las tareas del hogar, mientras que la esfera política estaba bajo la responsabilidad, casi exclusiva, del hombre. 

Sin embargo, el desafío de redefinir la ciudadanía consiste sobre todo en la articulación de las dimensiones sociales, políticas y económicas. Cuando se trata de la participación de las mujeres en la política, en la sociedad y en la economía, se trata de tener en cuenta su capacidad para imponer una definición de ciudadanía que incluya una dimensión social.

Es a partir del reconocimiento de esa dimensión que las mujeres se convierten en sujetos políticos cuando consideran los derechos económicos, sociales y culturales como campos de lucha y negociación. En consecuencia, en la actualidad, no es suficiente usar solamente la grande retórica y reducirla a gestos simbólicos. 

Es necesario (y urgente) pensar la implementación de medidas positivas para la participación de la mujer en la vida política, su empoderamiento económico y su libertad para construir sus roles en la sociedad. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, reconociendo la necesidad de renovación política del sistema, y en última instancia de su importancia en la construcción de ciudadanía, para las mujeres. 

Así, no sólo se deben adoptar normas y medidas para facilitar el acceso de las mujeres a cargos de elección pública, como también, partiendo de otras experiencias, desde el derecho internacional y desde el derecho comparado, estas normas tienen que introducir las llamadas medidas de acción o discriminación positiva en el sistema de representación política (en México, tal ya está adquirido) sin olvidar, también su aplicación al orden socioeconómico. 

En términos generales, las medidas positivas (acción y discriminación) se definen como que tienden a (r) establecer la igualdad en favor de una persona que es discriminada por pertenecer a un grupo minoritario, en desventaja o en desventaja. 

Su objetivo es lograr, dentro de un cierto período, la igualdad entre un determinado grupo ( en este caso, las mujeres), y los demás que no son discriminados. De hecho, la introducción de estas medidas positivas se ha convertido en una «revolución” Las características y las diversas formas de medidas positivas hacen de ellas excepciones experimentales con respecto al principio de igualdad. 

En segundo lugar, crear espacios de libertades, eliminando comportamiento discriminares, y ambientes tóxicos, generadores de violencia de género. En tercer lugar, l interpretar la ciudadanía como una variable compleja, no como colectivo homogéneo y abstracto. 

Solo así, podremos aceptar que esta está fragmentada por demandas urgentes para el reconocimiento de identidades específicas o comunitarias que, si se ignoran, pueden en última instancia distanciar a ciertos individuos o grupos de individuos de la legalidad y de igualdad. O sea, el principio de igualdad debe adaptarse a estas realidades, a menudo históricamente ocultas por ese concepto obsoleto de ciudadanía abstracta que no tiene género, color, raza, etc»