Los querellantes en el proceso por genocidio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt se mantienen a la expectativa del resultado de la evaluación psiquiátrica que se le realizó al militar y que determinará si podrá afrontar un nuevo juicio por la matanza de indígenas.

La audiencia para conocer el informe de los exámenes practicados a Ríos Montt, de 89 años, está programada para la mañana del martes, según fijó el Tribunal B de Mayor Riesgo, a cargo del caso.

"Nuestras testigas y testigos están conscientes sobre la relevancia de la audiencia y de lo que en la misma se pueda celebrar y que será el futuro de la situación del general (r) José Efraín Ríos Montt", dijo a la AFP Héctor Reyes, abogado del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Unos expertos psiquiátricos evaluaron al exdictador entre el 4 y 11 de agosto en un hospital privado en la periferia sur de la capital, después de que la Fiscalía refutara un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que en julio dictaminó que Ríos Montt no era capaz mentalmente para afrontar procesos judiciales. Según la parte acusadora, ese estudio no cumplió los protocolos correctos para hacer la evaluación y se tiene la sospecha de que las pericias se efectuaron cuando el militar estaba sedado por fuertes medicamentos.

Por su lado Jaime Hernández, abogado de Ríos Montt, explicó a la AFP que la deteriorada salud de su cliente se agravó por el traslado al centro médico y posterior regreso a su residencia, en un sector exclusivo en el este de la capital. "Yo soy abogado, pero yo lo veo más enfermito. No voy a decir que está loco porque eso sería mentira, porque puede estar hablando normalmente, pero al final pierde la coherencia que se lleva, pero eso es la propia edad", afirmó el jurista.

Ríos Montt y su exjefe de inteligencia militar, José Rodríguez, afrontan cargos por la la matanza de 1.771 indígenas mayas ixiles del norte de Guatemala durante su régimen, entre 1982 y 1983, considerado el más sangriento de la guerra civil (1960-1996).

El exdictador debe comparecer ante la justicia después de que la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia legal del país, anulara una sentencia a 80 años de prisión por genocidio dictada el 10 de mayo de 2013, alegando errores procesales, por lo que ordenó repetir el juicio.