Sigue en España la polémica por la llegada de turistas extranjeros al país, en pleno proceso de blindaje por Semana Santa, durante la que habrán cierres perimetrales para evitar los contagios por Covid.

Incluso la candidata de Más Madrid en las elecciones del 4 de mayo, Mónica García, ha hablado de la llegada de "hordas de franceses que vienen a emborracharse". Y es que sigue despertando indignación (e incluso bromas en redes sociales) entre la ciudadanía el hecho de que en Semana Santa el país estará cerrado para los nacionales, pero no para los extranjeros, que pueden llegar presentando una PCR negativa.

El tema enfrenta a las Comunidades Autónomas (en especial Madrid) con el Gobierno central. Mientras presidentas como Ayuso demandan al Gobierno más controles en el turismo, Sanidad argumenta que no puede hacerlo porque es una competencia europea.

José Ángel López Jiménez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Comillas ICADE, ha señalado en una entrevista concedida a 20minutos que el control de turistas es más una polémica política que jurídica, porque aunque el Código de Frionteras Schengen regula la libre circulación de personas por territorio europeo, también da potestades a los Estados miembros para que retomen el control de fronteras cuando crean conveniente.

Considera que el argumento de ampararse en el reglamento de Schengen para no controlar las fronteras es "contradictorio", pues el mismo Ejecutivo ha levantado hace dos días el veto de viajeros procedentes del Reino Unido. Lo que demuestra que sí es posible que España controle el flujo de turistas.

"El Consejo de Ministros ha aprobado que a partir del 30 de marzo se reabran los vuelos con Reino Unido", señala López Jiménez. "Es prueba evidente de que cada estado está regulando de forma unilateral el control de sus fronteras".

El experto admite que es una paradoja que los españoles no se puedan mover de comunidad autónoma, mientras que los alemanes o franceses pueden llegar libremente a España bajo ciertas condiciones, y lo achaca en parte a que no hay una actuación mancomunada entre los estados miembros. Algo que ha sido así desde el inicio de la pandemia.

"Todo lo que no sean actuaciones mancomunadas por parte de los Estados de la Unión va a originar este tipo de paradojas", indica. "Los Estados no actúan de manera unilateral, sino dependiendo de su propia situación en cada momento, es decir, de su propio interés estatal".

"Si a eso le unimos en el caso de España que encima tengamos los problemas internos de falta de consenso entre comunidades y Gobierno central, tenemos la tormenta perfecta", agrega. "Ni nos coordinamos con la Unión Europea ni entre comunidades autónomas y Gobierno central".

Y es que también hay desacuerdos internos. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid demanda por un lado más control en la llegada de turistas, pero por otra hace un efecto llamada con su "política de puertas abiertas".

"Es cierto que el Gobierno central tiene su responsabilidad, la llave para abrir o cerrar [las fronteras], pero también es cierto el efecto llamada que está suponiendo la Comunidad de Madrid, que es una anomalía con respecto a lo que está pasando en el resto de Europa".

Así, la solución a la polémica no es jurídica, sino política, pues la ley ya da a las administraciones las competencias legales para aplicar soluciones.

"Las Competencias se tienen para ejercerlas", indica el profesor de Derecho Internacional. "Si al final no ejerces las competencias que tienes como Gobierno y lo que se pretende es buscar excusas en el de enfrente, sea el Estado o la Comunidad Autónoma, al final nos encontramos con situaciones como esta".