La Generalitat de Cataluña tildó este martes de "juicio político" la imputación judicial del presidente catalán, Artur Mas, por organizar la consulta simbólica sobre la independencia en noviembre de 2014.

"Estamos ante un juicio político", afirmó la portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté, denunciando la "enorme anomalía democrática de la Fiscalía General del Estado y el Gobierno español para querellarse contra una persona y un presidente escogido democráticamente (...) por haber puesto las urnas y escuchar la voz del pueblo".

La fiscalía acusa a Mas de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en la organización de esta consulta de 2014, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. En ella, participaron 2, 3 millones de catalanes, de los que casi 1, 9 millones votaron por la independencia.

Este martes, el juez instructor citó a Mas a declarar el próximo 15 de octubre en esta causa, que podría acabar con su inhabilitación para asumir cargos públicos.

Esta imputación se produjo dos días después de que los partidos independentistas consiguieran una mayoría absoluta en el Parlamento catalán (72 de 135 escaños) en las elecciones del domingo, presentadas como un plebiscito sobre la secesión.

Aunque no consiguieron rebasar el 50% de los sufragios, la coalición vencedora Junts pel Sí, en la que concurría Artur Mas, consideró estar legitimada para iniciar un proceso hacia la constitución en 2017 de una república independiente.

Este proceso empezará con la constitución del nuevo parlamento regional, en un máximo de 20 días laborables después de los comicios, y la posterior elección del nuevo presidente regional, que deberá formar su gobierno.

Según Munté, esta citación judicial no va a "afectar para nada los pasos que hay que dar con toda la normalidad en las próximas semanas para poder constituir el parlamento (...) y para poder seguir con la hoja de ruta" hacia la independencia.