El Gobierno presentó este viernes un proyecto de ley para acortar el tiempo de instrucción de los casos judiciales que pueden durar años, especialmente en los escándalos de corrupción, y dejan en la opinión pública una impresión de impunidad.

Los tribunales se ven sumergidos por los casos político-financieros que cargan la atmósfera en pleno año electoral, con legislativas previstas a finales de año. Algunas de esas causas están siendo instruidas desde hace mas de siete años.

La lentitud de la justicia indigna a la población, considera Juan Toharia, presidente del instituto de sondeos Metroscopia. "No se puede hacer un castigo ejemplar y rápido" y eso produce "una sensación de impunidad que desespera mucho a la gente", explicó en una entrevista con la AFP.

Bajo el nombre de Ley de Enjuiciamiento Criminal, un proyecto de ley aprobado este viernes por el consejo de ministros prevé limitar las instrucciones a seis meses para los casos más sencillos y a 18 meses para los complejos, anunció el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El ministro precisó, sin embargo, que eventualmente se podrían acordar plazos más largos si fuera necesario.

La corrupción, que afecta tanto a la derecha como a la izquierda y, más allá de la clase política, a la banca y a los sindicatos, al fútbol y a los famosos, es una de las principales preocupaciones de los españoles junto al desempleo.

Es también el caballo de batalla de Podemos y de Ciudadanos, que empieza a atraer al electorado del Partido Popular.

El proyecto de ley prevé también modificar la terminología relacionada con los procedimientos judiciales, reemplazando por ejemplo el término "imputado" por el más neutro de "investigado". En "la consciencia general, se ha identificado la imputación con una especie de preculpabilidad", afirmó Catalá. "La presunción de inocencia es la que debe prevalecer en el proceso penal", subrayó.