El Gobierno central ha preparado un plan de actuación que llevaría a la convocatoria de un consejo de ministros extraordinario y un recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de que el Parlamento de Cataluña apruebe el lunes una resolución independentista.

"Si el pleno se celebra y se aprueba la propuesta de resolución (...), el Gobierno ese mismo lunes iniciará los trámites para un recurso" ante el Constitucional, dijo este viernes la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros semanal.

"Necesitamos un informe previo del Consejo de Estado. En cuanto se tenga ese informe, se convocará de manera urgente el Consejo de Ministros", añadió Saénz de Santamaría. "La inmediatez en la actuación del Gobierno será absoluta, esa misma semana se enviará el recurso al Tribunal Constitucional", destacó.

El Parlamento catalán ha fijado para el lunes por la mañana un debate sobre una resolución de la mayoría independentista, que anunciaría formalmente el inicio de un proceso de secesión de Cataluña de España que culminaría en 2017.

Los diputados independentistas han decidido seguir adelante en un desafío sin precedentes al Gobierno central desde la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975.

No obstante, el Ejecutivo tiene previsto cerrarles el camino en el ámbito judicial solicitando al Tribunal Constitucional, donde los jueces conservadores son mayoritarios, la suspensión de esta resolución, que se quedará "sin efecto", al igual que cualquier decisión que derive de ella.

El texto proclama "el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente" y afirma que el Parlamento catalán "no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional".

La coalición independentista (Juntos por el Sí, que integra a CiU y ERC) y la formación izquierdista y anticapitalista CUP, que tienen 72 de los 135 diputados del Parlament, votarán a favor de la resolución.

Ciudadanos, Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y Partido Popular catalán recurrieron el miércoles al Constitucional reclamando la suspensión de una votación que, según ellos, atentaría contra la legalidad.

Sin embargo, el alto tribunal desestimó la petición, por considerar que "el Parlamento es la sede natural del debate político", al margen de que pueda juzgar posteriormente sobre el resultado del mismo.

La coalición izquierdista Catalunya Sí que es Pot, en la que se integra Podemos, también anunció que votaría contra la resolución.