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El gerente general de una mina de oro en Guatemala, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, Carlos Morales, fue detenido y enviado a prisión por supuesta contaminación de un río, informaron este lunes fuentes del proceso.
La decisión fue tomada por el Juzgado de Primera Instancia Penal del departamento de Santa Rosa (sur), dijo a periodistas Rafael Maldonado, director ejecutivo del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), entidad que apoya a vecinos que presentaron la denuncia en 2012.
Morales fue remitido a un cuartel militar de la capital, el cual fue modificado para resguardar personas procesadas en casos de alto impacto.
El 24 de julio de 2013 una sala de Apelaciones suspendió la licencia de explotación de la minera San Rafael, subsidiaria de la empresa canadiense.
Maldonado comentó que el directivo fue acusado de contaminación industrial en el río los Esclavos debido a que las pruebas de laboratorios demostraron que el agua ya "no es apta para consumo humano ni la agricultura".
En tanto, la empresa anunció que presentarán un recurso legal para revertir la decisión judicial, tras negar la contaminación del río.
"El fallo del juez relacionado al envío a prisión preventiva de nuestro gerente general ha sido exagerado", afirmó a Andrés Dávila, portavoz de la minera.
Si no procede la apelación para liberar al directivo, éste deberá permanecer tres meses en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación por parte de la Fiscalía.
Vecinos de cuatro municipios de los departamentos de Santa Rosa y Jalapa mantienen su oposición a la minería en la zona por considerar que la actividad podría contaminar fuentes de agua y causar otros daños al ambiente y a la salud de las personas.
Tahoe Resources pretendía iniciar en agosto de 2013 la explotación de oro y plata.
En mayo de 2013, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, decretó el estado de excepción en el lugar por los constantes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y opositores a la actividad minera, que han dejado un muerto y varios heridos.
La explotación minera y la construcción de hidroeléctricas han generado en Guatemala fuerte oposición de ambientalistas, campesinos e indígenas, que consideran esos megaproyectos como serias amenazas al medio ambiente.
Guatemala ha otorgado 420 licencias para el reconocimiento, exploración y explotación minera a firmas locales y extranjeras.