Guatemala pidió a Estados Unidos detener y extraditar al exministro de Energía y Minas, Erick Archila, acusado de corrupción durante el gobierno del encarcelado expresidente Otto Pérez (2012-15), informó este viernes la cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que el expediente del caso fue enviado el jueves a la embajada de Guatemala en Estados Unidos para que notifique el pedido al Departamento de Estado.

Archila fue detenido el 13 de diciembre en Miami acusado de haber violado las leyes migratorias estadounidenses al vencer el plazo de estadía como turista, aunque fue liberado 10 días después al pagar una fianza de 25.000 dólares.

La solicitud para detener y extraditar al exministro fue firmada por el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso de corrupción que implica a Archila.

El exministro está acusado de asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos.

Según la acusación del Ministerio Público y la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU para apoyar a la justicia en el país, Archila está vinculado con la compra irregular de un helicóptero como regalo de cumpleaños del expresidente Pérez.

Pérez y otros altos exfuncionarios y particulares guardan prisión preventiva desde 2015 bajo cargos de integrar una red que desfalcó al Estado y están a la espera de una resolución de la jusiticia que debe indicar si enfrentarán un juicio oral y público.Ambos exgobernantes se encuentran en prisión preventiva a la espera de que un juez decida si serán procesados por su presunto involucramiento en la red de corrupción.

"Debemos apoyar a la CICIG y solicitar que siga desmantelando a los demás grupos criminales de cuello blanco que han secuestrado al Estado a través de los partidos políticos", agregó el pronunciamiento de CODECA.

Además del fraude en las aduanas, la Fiscalía investiga si Pérez recibió sobornos para autorizar un contrato portuario a una empresa española.

También se le acusa de organizar una estructura para encubrir aportes ilegales de campaña y, ya en el gobierno, de cobrar comisiones por aprobar contratos de empresas privadas con instituciones estatales.