A Pedro Sánchez las elecciones catalanas le han sentado bien. El ganador del 14-F, el exministro Salvador Illa, no podrá ser president porque los independentistas han reforzado su mayoría absoluta, pero en la Moncloa están igualmente satisfechos por tres razones. Carles Puigdemont ha perdido la corona de su "legitimidad" porque Junts no volverá a presidir la Generalitat, y que ERC tome ahora el relevo facilita un escenario de distensión, por lo menos a corto plazo. El Gobierno de coalición sale reforzado con la victoria en votos del PSC y el resultado de En Comú Podem, que aguantó su representación. No ocurrió lo mismo en las autonómicas gallegas ni en las vascas, donde a los socialistas no les fue mal, pero los morados sufrieron un enorme batacazo. Finalmente, los paupérrimos resultados del centroderecha (Cs y PP), junto al sorpasso que les ha hecho Vox en Cataluña, deja a sus líderes nacionales muy cuestionados, sobre todo a Pablo Casado, cuyos votantes también opinan que debería dar un paso atrás, según la encuesta que publicó 20minutos el viernes.

Tras las catalanas la legislatura puede normalizarse con la renovación de organismos estatales que suman demasiados años de bloqueo. En RTVE se ha alcanzado un acuerdo y muy pronto se desencallará la elección de un nuevo Defensor del Pueblo, que recaerá probablemente en el exministro Ángel Gabilondo.

Más complicado sigue todo lo relacionado con la justicia, tanto para renovar el Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al seguir en pie los vetos cruzados entre partidos. El problema de fondo es que se ha pervertido el espíritu de la norma constitucional. La elección de los miembros del gobierno de los jueces (CGPJ), por ejemplo, se ha convertido en un indisimulado intercambio de cromos. Tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea, en sus recomendaciones de lucha contra la corrupción en la justicia, piden a los Estados que al menos una parte de sus vocales sean nombrados directamente por los jueces.

En España la elección de los 20 miembros del CGPJ se hace con una mayoría de 3/5 del Congreso, lo que no garantiza su despolitización como estamos viendo estos días. El PP veta al juez que firmó la sentencia del caso Gürtel, mientras Podemos se resiste al del caso Dina. Los populares también se oponen a la jueza Victoria Rosell, delegada gubernamental contra la Violencia de Género.

Los miembros del CGPJ deben reflejar el pluralismo de la sociedad, pero su nombramiento se corrompe cuando se transforma en un premio o en un veto hacia determinados jueces. En algún momento se alcanzará un acuerdo, pero eso no significa que haya un verdadero consenso si se trata de un mero intercambio de cromos entre partidos.