Un juez de Estados Unidos ordenó al gobierno el cierre inmediato del sistema de espionaje telefónico, dando una victoria simbólica a los críticos del programa, que expiraba en tres semanas.

El juez Richard Leon emitió una orden sobre el polémico caso, cuando la Agencia de Seguridad Nacional se preparaba para poner término a la recolección "masiva de metadatos telefónicos" el 29 de noviembre.

Leon afirmó en un documento de 43 páginas que aunque el programa estaba en proceso de cierre, ordenó su cancelación inmediata "porque la pérdida de libertades constitucionales aunque solo sea por un día implica un daño significativo".

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos había rechazado a fines de octubre detener el programa, durante el periodo de "transición" dispuesto por el Congreso para poner fin al mismo, tal como pedía una organización de defensa de los derechos civiles.

La American Civil Liberties Union había presentado una moción pidiendo a la justicia detener de inmediato el programa de grabaciones masivas de telecomunicaciones de estadounidenses.

La reforma aprobada por el Congreso, bautizada USA Freedom Act (Ley de Libertades), tiene como objetivo limitar el programa de la NSA de recolección de metadatos de las llamadas telefónicas (hora, duración, número al que se llamó), la más criticada de las medidas de espionaje puestas en vigor en el marco de la Patriot Act (Ley Patriótica) tras los atentados del 11 de setiembre de 2001.

La nueva ley cede la responsabilidad del almacenamiento de datos a las compañías telefónicas y solo permite a las autoridades acceder a la información si cuentan con una orden de un tribunal secreto antiterrorista que identifique a una persona o grupo concreto de personas como sospechosos de tener vínculos con el terrorismo.

El poder de la NSA se puso en entredicho en 2013, cuando el excontratista del organismo Edward Snowden hizo públicos programas de largo alcance que recogían información de compañías telefónicas y de internet.