El 22 de agosto de 1972, 19 jóvenes fueron fusilados en la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew. Los hicieron alinearse de pie con las cabezas gachas y les descargaron dos ráfagas de ametralladoras. Tres de ellos sobrevivieron para rebatir la versión oficial, que indicaba que las muertes se habían producido como consecuencia de un intento de fuga. El ex Teniente de Corbeta Roberto Guillermo Bravo fue señalado por los sobrevivientes como la persona que recorrió los calabozos para darles el tiro de gracia a las víctimas.

El 7 de mayo del corriente año 2012, comenzará en Rawson, Chubut, el juicio por la "Masacre de Trelew", para juzgar a los responsables de los hechos ocurridos en 1972, y que estaba previsto que comience el 10 de abril. Pero el ex Teniente de Corbeta Bravo, no estará presente, gracias a la intervencion oportuna de un juez de Miami.

Los tribunales de la ciudad mafiosa de Miami siempre encontraron la vuelta para proteger a este asesino de una eventual extradición al país donde sus cómplices tendrán que responder de sus crímenes.

En este juicio serán juzgados 6 imputados por torturas y homicidios agravados contra 19 víctimas en la Base "Almirante Zar" de Trelew.

En la causa están imputados: Jorge Enrique Bautista, Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Horacio Alberto Mayorga, Rubén Norberto Paccagnini y Luis Emilio Sosa.

En noviembre 2010, en el país que acusa a los demás de "patrocinadores del terrorismo", no solo el juez mafioso Robert Dube, conocido por su vinculación con la fauna terrorista cubanoamericana, ha negado a Argentina la extradición del autor de la Masacre de Trelew sino que valoró que el militar asesino "actuó en defensa propia".

En este veredicto evidentemente político, orientado por la corriente de extrema derecha que prevalece en Miami, Dube da la razón a los dos testigos de la defensa, el abogado Alfredo Solari y Jon Perdue, director de los programas de Latinoamérica de la Fundación de Estudios Americanos de Estados Unidos, ambos identificados a los sectores más derechistas de Amèrica Latina y de Estados Unidos.

Increíblemente, el magistrado norteamericano argumentó además, como si tal decisión tenía valor jurídico, que un tribunal militar exoneró a Bravo durante el gobierno del teniente general Agustín Lanusse.

Roberto Bravo fue localizado en Estados Unidos en el 2009 por el diario argentino Página/12 que reveló cómo manejaba en Miami el RGB Group Inc, una empresa que vende servicios médicos al Pentagono y al Departamento de Seguridad Interna. El militar asesino fue detenido en febrero de 2010 a solicitud de la Fiscalía argentina pero rápidamente liberado bajo fianza.

En este proceso se juzgarán sus actuaciones en el hecho ocurrido el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de Trelew cuando fueron asesinados los presos políticos Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.

Seis juicios por delitos de lesa humanidad están previsto que comiencen en Capital Federal, Córdoba, Salta, Jujuy y Chubut, incluido el debate por la "Masacre de Trelew" ocurrida en 1972.

En la Capital, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 comenzará a juzgar el 19 de abril a Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito, por delitos cometidos en esos centros clandestinos de detención, en perjuicio de 181 víctimas, en un nuevo juicio por crímenes en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO).

Los antecedentes

El magistrado Robert Dubé rechazó la solicitud de extradición del represor Roberto Guillermo Bravo con el argumento de que las declaraciones presentadas por el gobierno argentino "no son creíbles", que las pruebas de la defensa tienen una probable causa y que la extradición está excluida legalmente porque las acusaciones constituyen "delitos políticos".

Los testimonios que le entregó el Gobierno al magistrado estadounidense son los de Ricardo Haidar, Alberto Miguel Camps y María Antonia Berger, los sobrevivientes de la masacre que luego fueron asesinados o desaparecidos durante la última dictadura militar. Los tres narraron cómo habían sido asesinados sus dieciséis compañeros en un hecho que en la Argentina se juzga como crimen de lesa humanidad. Sin embargo, el juez Dubé cree que la masacre ocurrió tras un intercambio de disparos entre militares y guerrilleros que trataban de escapar.

"Esta solicitud de extradición es denegada y esta Corte no emitirá un certificado de extradición a la Secretaría de Estado recomendando que Roberto Guillermo Bravo sea extraditado a la Argentina", decidió.

El fallo judicial fue emitido después de que el pasado 29 de septiembre de 2010 la defensa del ex militar presentara una moción en la que alegó que el gobierno argentino carecía de pruebas suficientes para pedir la extradición de su cliente. El juez escuchó dos testigos de la defensa, el abogado Alfredo Solari y Jon Perdue, director de los programas de Latinoamérica de la Fundación de Estudios Americanos de Estados Unidos.

También admitió 22 pruebas, entre las que figuraban informes de la Justicia de Argentina sobre la masacre de Trelew e informaciones de prensa sobre las acciones de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Bravo fue señalado por los sobrevivientes como la persona que recorrió los calabozos para darles el tiro de gracia a las víctimas. Fue localizado en Estados Unidos luego de que Página/12 revelara que vivía en Miami, donde presidía el RGB Group Inc, una empresa que hacía grandes negocios al proporcionar servicios médicos a las fuerzas armadas norteamericanas. En 1987 se convirtió en ciudadano estadounidense. Fue detenido en febrero de este año y luego liberado a cambio de una fianza.

En la Argentina fueron procesados por este hecho los capitanes Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real y el cabo Carlos Amadeo Marandino como autores directos de dieciséis homicidios agravados por alevosía y premeditación más tres en grado de tentativa. Como cómplices necesarios fueron acusados el contraalmirante Horacio Mayorga y el capitán Rubén Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar. El capitán Jorge Bautista, quien hizo el sumario que sostenía el argumento de intento de fuga, está señalado como encubridor. La Justicia norteamericana dio su versión por válida.

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