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La justicia venezolana derogó el jueves la facultad del Parlamento, controlado por la oposición, de pagar a sus empleados y ordenó al Gobierno de Nicolás Maduro cancelar salarios adeudados en la nómina legislativa.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consideró procedente un amparo constitucional presentado por un grupo de trabajadores de la Asamblea Nacional (AN) que denunció el incumplimiento del pago de salarios y beneficios laborales, atribución de la directiva de la cámara.
"La AN ha venido generando en los últimos meses situaciones de desacato y quebrantamientos al orden constitucional que han incidido en el cabal desarrollo de sus competencias, así como en el resguardo y protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de dicho órgano", señaló el TSJ, acusado por la oposición de servir al chavismo.
El máximo tribunal del país, en otra sentencia que dio a conocer el jueves, declaró "constitucional" una sexta prórroga del decreto de estado de excepción por emergencia económica con el cual gobierna el presidente Maduro desde enero de 2016, cuya aprobación correspondía a los diputados.
El decreto otorga al mandatario amplios poderes para fiscalizar áreas básicas como la producción y la distribución de alimentos y medicinas, en severa escasez.
Al restarle a la Asamblea Nacional la responsabilidad de cancelar su nómina, el TSJ ordenó al Ejecutivo "el pago oportuno" de salarios a todos los funcionarios legislativos, activos y jubilados.
La directiva del Parlamento ha denunciado en numerosas ocasiones que el Gobierno nacional no ha asignado los recursos necesarios para cumplir sus compromisos con los trabajadores.
El TSJ considera en "desacato" al Legislativo por juramentar a tres diputados opositores cuya elección había sido anulada por la justicia, por lo que subraya que todas sus decisiones son "nulas".
El 9 de enero, la mayoría opositora en el hemiciclo declaró en "abandono de cargo" a Maduro, responsabilizándolo de la crisis política y económica del país por incumplimiento de funciones, y exigió llamar a elecciones en 30 días.
El oficialismo califica la medida como un intento de golpe de Estado.
