El pasado jueves 30 de abril el Senado de Bolivia, con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS), aprobó la Ley de Postergación de las Elecciones Generales, la cual establece un período de 90 días desde el 3 de mayo para la convocatoria de nuevas elecciones en el país andino. Eso implicaría que deberían celebrarse los comicios, como muy tarde, el 3 de agosto de este año. El mismo día de la aprobación del proyecto de ley se registraron por la noche caceroladas y petardos de intencionalidades cruzadas en las ciudades de El Alto, La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, ya fuera a modo de protesta contra el proyecto de ley o contra el gobierno central. Conviene recordar que en noviembre del año pasado, el gobierno del entonces presidente Evo Morales renunció al poder después de que varias investigaciones confirmaran la existencia de irregularidades en las elecciones del 20 de octubre de 2019. La presión social registrada en las principales ciudades del país ocasionó la salida y huida de Morales y García Linera del país y la llegada a la presidencia de Jeanine Áñez. Dicho nombramiento fue validado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Según dicta el mandato constitucional en el carácter interino y transitorio de la presidencia de Áñez, se debían convocar nuevas elecciones. El órgano, independiente por cierto, encargado de dicha competencia era el Tribunal Supremo Electoral, el cual estableció el 3 de mayo como la fecha en la que se celebrarían las elecciones. Eso fue en enero. Luego llegaron el 10 de marzo los primeros casos de Covid-19 en el país, y a la semana siguiente ya se empezaron a tomar medidas para contener la propagación del virus. El decreto 4200 supuso la aplicación de la cuarentena total. El 21 de marzo, el TSE postergó las elecciones con motivo de las presentes medidas de confinamiento, y a su vez hizo un llamado al diálogo entre los partidos políticos para poder definir una fecha. Valiéndose de criterios técnicos y científicos, se estimó que las elecciones se podrían celebrar entre el 28 de junio y el 27 de septiembre. Su presidente Salvador Romero justificó la decisión del alto tribunal porque las presentes medidas de cuarentena “impiden cumplir las tareas preparatorias del proceso electoral”. 

Valiéndose de su mayoría parlamentaria, el MAS ha aprobado un proyecto de ley cuya intencionalidad no es otra que la voluntad por desestabilizar al actual gobierno interino

Todo apunta, parece ser, a que los actores políticos del MAS han desoído ese llamado al diálogo que predicaba Romero. Valiéndose de su mayoría parlamentaria, aprobaron un proyecto de ley cuya intencionalidad no es otra que la voluntad por desestabilizar al actual gobierno interino. La misma noche en la que se registraron las caceroladas, varios afines al MAS se saltaron la cuarentena y provocaron disturbios en El Alto. Además, apedrearon dos buses de la compañía municipal alteña Wayna Bus, los cuales mediante un servicio especial, transportaban a personal médico y sanitario a sus casas. La recurrente llamada a las elecciones y el hecho de que distritos y zonas como Senkata, Río Seco o el Chapare cochabambino sean mayoritariamente afines al MAS y a su vez las más conflictivas con el cumplimiento de la cuarentena, son la prueba de que a los dirigentes masistas poco o nada les importa la salud y la seguridad de los bolivianos y bolivianas. Su única patria, como en todos los populismos del mundo, sean de la ideología que sean, es el poder. 

Actualmente, y a pesar de que se registran muchos menos casos que en sus países vecinos, Bolivia tiene 1.167 casos registrados de coronavirus y 62 fallecidos. No obstante, esas alentadoras cifras contrastan con la fragilidad del país andino en materia de salud, pues es de los países latinoamericanos que menos invierten en sanidad. Según datos del Global Health Security Index de 2019 en Bolivia solo hay 47 médicos por cada 100.000 habitantes, mientras que en su vecina Argentina hay 402 por cada 100.000. El estado de la salud pública y el hecho de que en Bolivia es obligatorio votar para todos los ciudadanos, da certezas suficientes de que celebrar elecciones en estas circunstancias podría suponer un cataclismo para el país. Esta crisis actual requiere de la colaboración y la unidad política de todos los agentes implicados, a fin de poder superarla cuanto antes. Lástima que la crispación y el interés político del MAS impida alcanzar un hito que sería maravilloso para el país. Claro que para lograr dicho fin, la democracia y el país deberían ser sus más importantes prioridades, y es obvio que para el partido de Evo Morales, las prioridades parecen ser otras.