La Corte Suprema de la Nación sentencio que la ley es constitucional y que ningún articulo vulnera la libertad de expresión . El tema de hoy es mostrarte todo lo que ganamos con este normativa.

Desde su sanción 210 radios comunitarias ya tienen autorizado su funcionamiento, se crearon 167 radios en escuelas primarias y secundarias, 36 licencias de televisión se concedieron a Estados provinciales -12 analógicas y 24 digitales-, se abrieron 34 radios y un canal de televisión de pueblos originarios, y 53 radios FM se adjudicaron a Universidades.

Desde que se sancionó la ley, AFSCA otorgó 969 autorizaciones y licencias de radio, tv abierta y tv paga, en tanto que 1052 frecuencias de radio fueron llamadas a concursos públicos, 1132 ya están reservadas para municipios en todo el país y se presentaron más de 500 solicitudes para emisoras de baja potencia en zonas de alta vulnerabilidad social.

Por otra parte, existen 52 nuevos cableoperadores cooperativas, que producen 2800 horas diarias de programación propia , que se sumaron a un sector que cubre el 65 por ciento del territorio nacional y que tiene iniciativas, impulsadas por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y el programa Usina de Medios, para continuar su crecimiento en todo el país.

Con el fomento del Estado, principalmente a través del Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se produjeron 5900 nuevas horas de contenidos que crearon más de 100.000 nuevos puestos de trabajo en el sector audiovisual y desarrollaron una política federal, con la realización por primera vez de miniseries en las provincias.

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y su Decreto reglamentario 1225/2010 es una ley que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y se había mantenido vigente desde entonces.