El gobierno de Guatemala levantó este viernes el estado de excepción decretado hace un mes en el municipio indígena San Juan Sacatepéquez, al oeste de la capital, donde una controversia por la construcción de una cementera dejó 11 muertos en septiembre pasado.

"Luego de reunirnos con los propios líderes y los gabinetes de seguridad, llegamos a la conclusión de levantar el estado de prevención (excepción)", dijo en rueda de prensa el presidente Otto Pérez.

"Ellos mismos (los vecinos) quieren llevar un proceso de paz y desarrollo, y posteriormente invitar a los empresarios de la cementera" de capital guatemalteca, aseveró.

De acuerdo con el mandatario, el acuerdo para levantar la medida saldrá publicado el lunes en la gaceta oficial, pero "con efectos a partir del día de hoy (viernes)".

Los pasados 19 y 20 de septiembre se produjeron violentos choques en San Juan Sacatepéquez, entre pobladores que apoyan la construcción de una planta de cemento y quienes la rechazan por considerarla nociva para el medio ambiente.

Los enfrentamientos dejaron un saldo de 11 muertos -entre ellos seis miembros de una familia- y varios heridos, así como viviendas y vehículos incendiados.

Para controlar la situación, el gobierno de Pérez envío más de 2.000 policías y soldados y declaró por 15 días el estado de excepción, medida que suspende algunos derechos constitucionales como las manifestaciones y el porte de armas. La medida se prorrogó por un lapso igual el pasado 2 de octubre.

Por los incidentes han sido detenidos siete presuntos culpables de los disturbios.

La firma guatemalteca Cementos Progreso inició en julio de 2013 las obras para construir una moderna planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares y cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2017.