El Congreso de Nicaragua aprobó este miércoles una controvertida ley que permite al presidente, Daniel Ortega, ejercer un control casi absoluto sobre la policía y que la oposición tildó como un retroceso para la institucionalidad y la democracia en el país.

La nuevas facultades fueron establecidas en la 'Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la policía', que el Parlamento -con 91 escaños- aprobó con 63 votos del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) a favor y 26 en contra de la oposición, anunció el presidente del legislativo, René Núñez.

La ley -que este jueves recibirá la aprobación definitiva- autoriza al presidente a disponer y controlar de manera directa a la policía, constituida por más de 13.000 agentes, que antes estaban supeditados al ministerio de Gobernación.

Según el texto, la policía ahora contará con una "jefatura suprema" que será presidida por el mandatario, quien tendrá la facultad de nombrar por un período de cinco años al director, subdirectores e inspector general de la institución, obviando el proceso de selección por ternas que se realizaba antes.

"Esta ley, tal como está concebida, es simple y sencillamente un paso más en la construcción de una dictadura familiar", advirtió el diputado de la disidencia sandinista, el opositor Víctor Tinoco, durante los debates.

El presidente también tendrá la potestad de destituirlos "por desobediencia", incapacidad física o mental o por haber sido condenados por un delito.

Ortega podrá prorrogar el período al director general si lo estima conveniente, anulando el relevo de mando obligatorio que se hacía antes.

También podrá designar a policías en cargos de gobierno en calidad de "servicio externo" cuando lo estime conveniente por razones de seguridad.

Podrá, asimismo, "convocar a oficiales retirados para cumplir misiones específicas", mediante contratos, y ordenar la intervención del ejército en apoyo a la policía cuando la estabilidad del país esté amenazada.

La ley autoriza, además, la creación de policías voluntarios para reforzar el trabajo de vigilancia en los barrios y comunidades, a cambio de "una ayuda económica", y permite tomar en cuenta en los planes de seguridad ciudadana a los líderes comunitarios y jóvenes sandinistas del movimiento Promotora solidaria.

Aumenta los años de servicio de los policías de 35 a 40 años y la retirada por jubilación pasa de 60 a 65 años.

La iniciativa prohíbe además a "las personas naturales o jurídicas llevar a cabo actividades de investigación privada o cualquier otro índole o acto que vulnere los derechos constitucionales, la intimidad y la privacidad de las personas", lo que, a juicio de la oposición, afectará la libertad de prensa.

Con esta ley "las investigaciones periodísticas y de mercado que realizan diferentes empresas podrían ser ilegales", cuestionó el diputado liberal Pedro Joaquín Chamorro.

No obstante, para el líder de la bancada sandinista, Edwin Castro, la ley "consolida más la democracia" en Nicaragua. "Esto no es democracia, esto es común en régimen absolutista", refutó en los debates el diputado liberal Eliseo Núñez. "Es un retroceso institucional para la policía", insistió el liberal Wilber López.