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Hace 13h

El primer proyecto de ley que aprobará el Consejo de Ministros del nuevo Gobierno será para elaborar una nueva norma educativa que derogará la actualmente en vigor, la LOMCE, aprobada por el PP. Así lo ha anunciado este jueves la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, que no ha puesto fecha a cuándo se aprobará pero ha dicho que será "en las próximas fechas", ya que el anteproyecto que terminó de elaborar el Gobierno en febrero del año pasado hace que el proyecto de ley esté "listo para su tramitación".

Con él, se "deroga la LOMCE y sus negativas consecuencias, pero es mucho más que eso, es una puerta que abre el camino a otras mejoras que el sistema educativo necesita", ha explicado.

Celáa ha desgranado sus elementos este jueves, entre ellos, un reconocimiento expreso de los derechos del niño y del "interés superior del menor" en la educación, justo lo que el Gobierno alega en contra del llamado pin parental puesto en marcha en Murcia.

Lo ha hecho en la comisión de Educación del Congreso, donde ha anunciado que en breve el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley educativa que después remitirá al Congreso para su aprobación "cuanto antes". Ante diputados de todos los grupos ha pedido apoyo para una nueva ley que, ha dicho, "garantiza la igualdad de oportunidades y permite la personalización de caminos formativos adaptados a las necesidades del alumnado".

Celáa ha pedido "evitar entre todos que la educación se convierta en un terreno para la lucha partidista" ante un trámite parlamentario que este jueves ya ha quedado claro que no será un paseo militar para el Gobierno, en particular, por lo que respecta a PP, Vox y Ciudadanos, que han hecho sus peticiones entre acusaciones de "adoctrinamiento" -que Celáa ha negado: "el adoctrinamiento no es tolerable", ha dicho-, supuestos privilegios a las comunidades y a lenguas distintas al español y reclamaciones de lo derechos de los padres a elegir en la educación de sus hijos, la justificación que Vox da al pin parental que se aplica en Murcia a instancias de la formación de ultraderecha y que el Gobierno ha recurrido a los tribunales.

En el extremo opuesto, Celáa ha anunciado que "por primera vez" la nueva ley educativa incluirá "el enfoque de derechos de la infancia como principio rector del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor".

"El pin parental o pin constitucional al que usted se opone frontalemente es una fórmula para evitar el adoctrinamiento so capa de laicidad, contra la falta de neutralidad en la educación de conciencia", ha afirmado la diputada de Vox Georgina Trías, que ha acusado al Gobierno de pretender romper el "vínculo, no estrictamente de pertenencia, sino de amor" por el que los padres deben poder elegir sobre las enseñanzas que reciben en el colegio. También ha reprochado a Celáa la pretensión de "dejar huérfano al niño y al adolescente de sus referencias".

El diputado del PP Oscar Clavell ha subrayado que su partido defiende "la libertad de las familias para escoger el tipo de educación que quieran nuestros hijos sin intromisiones". El PP ha vuelto este jueves a ofrecer al Gobierno un "gran pacto de Estado" en Educación, pero condicionado a que "fortalezca las enseñanzas comunes" a toda España, "defiende la libertad de los padres para defender la educación que quieren para sus hijos" y que "el castellano tenga presencia garantizada en el sistema educativo".

A grandes rasgos, las peticiones del PP son contrarias o están muy alejadas de las que los partidos nacionalistas e independentistas han hecho este jueves a la ministra de cara a la nueva ley de educación. El PNV ha pedido que cese la "unilateraldidad" por parte del Gobierno central a la hora de elaborar curriculos y que se mantengan sus competencias y los grupos catalanes han defendido el catalán como lengua vehicular.

Celáa se ha mostrado mucho más receptiva con ellos que con PP, Vox o Ciudadanos. "Pueden estar tranquilos porque la distribución de competencias es buena para el país", ha dicho. También ha asegurado que en el Gobierno "queremos coeducación [con las comunidades], eso no es una ideología".

Volviendo al veto parental, los comentarios del PP, Vox y Cs -que no lo ha mencionado pero sí ha insistido en la "libertad"- han servido a Celáa para precisar la crítica más común que recibió cuando hace unos meses dijo aquello de que "los hijos no pertenecen a los padres", que hoy los grupos de la derecha le han recordado. "No significa que la afirmación de que los niños son del Estado sea válida", ha dicho la ministra, que ha calificado esta deducción de "malintencionada o ignorante".

"Es una cuestión de dominio común, hasta los niños pequeños saben que ellos son titulares de sus propios derechos y las familias tienen que salvaguardalos. Imagínense que los padres no quisieran hacerlo", ha mantenido Celáa.

Además, ha indicado que uno de los elementos de la nueva ley educativa es que recuperará el voto de padres y madres en el Consejo Escolar, algo que la LOMCE eliminó. Antes de entrar a la comisión, ha censurado que el Gobierno de Murcia insista en el pin parental cuando fue la LOMCE del PP la que retiró a padres y madres el voto en el Consejo Escolar, que la nueva norma les devolverá.

Celáa tampoco ha aceptado las críticas de los partidos de la derecha por su oposición a la escuela concertada, aunque sí ha rechazado los métodos de "segregación" sutil que emplean algunos centros en base a las posibilidades económicas de las familias o a que creen centros concertados que luego venden a la privada o el reparto de beneficios obtenidos con fondos públicos.

Ha negado que se busque "tratamiento alternativo" a la concertada y ha asegurado que cuenta "con un importante sector de la escuela concertada que cumple el compromiso de la función social de la Educación".

Probablemente no se refería a algunos de carácter religioso, en pie de guerra por la decisión de que la asignatura de Religión deje de computar para la nota y sea optativa realmente, es decir, no tenga una "asignatura espejo" que tengan que cursar los alumnos que no la elijan.

Celáa ha garantizado que todos los centros, públicos y concertados, están obligados a ofrecer religiones como la "católica, la evangelista o la musulmana" y es opción del alumno elegirla.

Como era de esperar, el debate en la comisión de Educación a cuenta de la nueva ley ha tenido una importante carga política e ideología. A pesar de lo cual, Celáa también ha desgranado algunos de los aspectos que incluirá la nueva ley educativa. Entre ellos, 200.000 plazas más de Formación Profesional y un nuevo sistema de becas, más centrado en la renta de los estudiantes que en sus notas.

Otro de los anuncios que ha hecho este jueves es el año de "prácticas tuteladas" que tendrán los profesores recién licenciados, dentro de un plan para fomentar su formación.

Por otra parte, la nueva norma contemplará "educación en valores cívicos" para los alumnos y tendrá un "enfoque de igualdad de género", para lograr la "igualdad efectiva entre hombres y mujeres".

La nueva ley educativa buscará también incrementar "la tasa de escolarización", ofrecerá una "atención más personalizada para el éxito escolar" y fortalecerá la "competencia digital". Para esto último, Celáa se ha comprometido terminar de dotar de banda ancha ultrarrápida a todos los centros educativos en 2 años y de redes wifi a todas las aulas.

Según ha añadido, el Gobierno quiere "extender" la educación de 0 a 3 años y, en relación con la lucha contra la desploblación, podrán una "atención singular a la educación en el ámbito rural".

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