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Carlos A. Martínez CerezoMiembro desde: 12/07/12

Carlos A. Martínez Cerezo

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01/08/2012

imageLa reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia prevista por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que ultima el Gobierno recoge un recorte del 15% en la prestación económica que actualmente reciben las personas que se quedan en casa para cuidar de sus familiares dependientes, revisándose también el régimen de cotización a la Seguridad Social, estableciendo nuevos requisitos para acceder a estas ayudas. También implicará que las personas dependientes con discapacidad entrarán en el copago de las prestaciones, elevando su aportación e introduciendo el patrimonio en el cálculo de su capacidad económica.

Respecto a las cotizaciones a la Seguridad Social, el director general del IMSERSO, Cesar Antón, ha señalado que "se revisarán con el Ministerio de Empleo para establecer una nueva regulación que tenga en cuenta las circunstancias específicas de estos cuidadores". Otra de las novedades de dicha reforma es la modificación de las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. Una vez en vigor, el dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle, es decir, la Comunidad autónoma puede demorarse este plazo sin tener que abonar después el retraso de forma acumulada.

Por otra parte, el Consejo ha visto el Real Decreto que revisará al alza el copago de los usuarios del Sistema de Dependencia, y que ha sido modificado respecto del borrador inicial, ya que el Gobierno había propuesto que empezarán a pagar por los servicios quienes ganasen a partir de un 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, fijado en 532 euros al mes para 2012. Finalmente, quienes ingresen menos de esta mensualidad estarán exentos de copago. El patrimonio de la Persona Mayor, también cobra protagonismo, ya que se mantiene la previsión de que la vivienda habitual se tenga en cuenta para calcular la capacidad económica del dependiente que solicite una plaza residencial. Por lo que la cantidad que deba abonar se habrá estimado calculando no sólo sus ingresos como hasta ahora, sino también su patrimonio.

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