Con fuertes discusiones y en un clima de desorden, las comisiones de Comunicaciones e Informática, de Presupuesto y Hacienda y de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados definieron que el martes comenzarán las audiencias públicas para tratar el proyecto oficial de radiodifusión.

Asimismo, los legisladores aún no acordaron si las audiencias se realizarán en todo el país o sólo en la Camára de Diputados. Ante este diferendo, la oposición adelantó que llevará a cabo audiencias públicas por separado en el interior del país.

Las comisiones realizaron una reunión conjunta en la que el titular del Comité Nacional de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, explicó el alcance del proyecto de ley enviado por Cristina Kirchner al Congreso.

El inicio del debate se demoró debido a reiteradas discusiones en torno al orden del encuentro. La titular de la comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giúdici, había reclamado que antes de escuchar a Mariotto, se defina el orden de trabajo, pero el oficialismo dispuso iniciar el debate con la declaración del titular del Comfer.

Tras un breve discurso del funcionario, comenzaron las preguntas y los cuestionamientos de la oposición.

En su exposición, Mariotto señaló que la incorporación de las empresas telefónicas a brindar servicios audiovisuales, previsto en el proyecto de ley, no significa "cambiar un monopolio por otro".

"El proyecto tiende a incorporar nuevos jugadores, pero no se trata de cambiar un monopolio por otro. Hay que ponerse en abogado del diablo siempre. Hemos abierto el ingreso de las telefónicas en tanto y en cuanto exista la imposibilidad de convertirse en monopolios", aseveró.

Audiencias públicas. En este contexto, la comisión de Libertad de Expresión, que conduce la radical Giúdici, aprobó la propuesta de establecer un cronograma de siete audiencias públicas en dos meses, en todo el país, para tratar el proyecto oficial. Aunque el resto de las comisiones no definieron aún la modalidad de las mismas.

Antes de sumarse al plenario de las tres comisiones, Giúdici planteó en la Comisión que preside modificar el esquema dispuesto en principio por el kirchnerismo, que busca que sean tres jornadas de audiencias públicas, de ocho horas diarias, la semana próxima.

"Esta es una ley que viene al Congreso con fuerte polémica y con el rechazo de casi todos los bloques de la oposición, así que lo que pretendemos es sostener audiencias en todo el país para poder recoger la opinión de todos los argentinos en este tema", sostuvo.

El cronograma de audiencias públicas comenzará en Salta el 25 de septiembre y finalizará el 27 de noviembre en Buenos Aires, luego de pasar por Mendoza, Corrientes, Chubut, Córdoba y La Pampa, como cabeceras de las diferentes regiones.

La CC, en contra. Varios legisladores de la oposición expresaron sus reparos a la iniciativa. La posición de Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, fue terminante: "Lo que quiere el oficialismo es un debate sin debate. Los tiempos corren porque la realidad política ha cambiado. De golpe, el Gobierno pensó que el mensaje oficial no era transmitido como quería, por eso se manda el proyecto de radiodifusión".

La diputada adelantó que el partido que lidera Elisa Carrió votará contra el proyecto: "Nos vamos a negar a votar una ley rapidito como quiere el Gobierno. Que Néstor Kirchner aprenda de la frase de [Juan Domingo] Perón, que dijo que cuando tenía a los medios en contra ganó las elecciones y cuando los tuvo a favor las perdió".

Sí, pero con cambios. El diputado Carlos Raimundi (Solidaridad e Igualdad) expresó hoy que comparte la "orientación general" del proyecto, pero afirmó que es una iniciativa "muy susceptible de mejoras".

"No siento que estemos exclusivamente ante un proyecto del Poder Ejecutivo sino ante un proyecto muy susceptible de mejora, pero comparto su orientación general, porque viene de un sujeto social que valoro, como son todas las organizaciones técnicas y profesionales, de derechos humanos y de la sociedad civil", dijo Raimundi ante el plenario de las comisiones.

"Hay que luchar por un periodismo independiente del poder político y de gobierno, pero también de los poderes económicos que condicionan la información", dijo el diputado.

En sintonía con ese mensaje, Claudio Lozano (Proyecto Sur) señaló que la "intención [del oficialismo] es hacer ingresar nuevos jugadores. Si hacemos ingresar jugadores de esta naturaleza [por las telefónicas] podemos terminar discutiendo oligopolios. Por sus características no resuelven el problema".

Lozano, además, reclamó que la autoridad de control no dependa del Poder Ejecutivo y tenga una representación extendida de la comunidad.

Complicaciones. En este contexto, Mariotto instruyó ayer tácitamente al bloque oficialista de diputados, con el que estuvo reunido ayer más de tres horas, a no aceptar modificaciones sustanciales en el proyecto, sino tan sólo retoques a algunos de los aspectos más polémicos.

Esta definición del oficialismo abre serias dudas y un signo de interrogación sobre si finalmente el kirchnerismo logrará sumar los apoyos necesarios para reunir el quórum y aprobar la iniciativa, ya que los bloques de la centroizquierda -fundamentales para que el oficialismo alcance la mayoría- plantearon ayer la necesidad de modificaciones de fondo en aspectos centrales.

Sin estos votos, el oficialismo estaría en serios problemas, máxime si a esto se suma que los cinco diputados oficialistas por Chubut también condicionan el apoyo, al tiempo que la diputada Graciela Camaño (Buenos Aires) anticipó su voto negativo.

Autoridad de aplicación. Entre las modificaciones más importantes que reclaman los bloques de la centroizquierda figuran que la autoridad de aplicación de la norma no dependa del Poder Ejecutivo y que las empresas telefónicas no ingresen en el mercado audiovisual.

Incidente

El debate se vio abruptamente interrumpido por un incidente protagonizado por un presunto colaborador de la diputada Victoria Donda, quien acusó a la peronista disidente Graciela Camaño de estar pagada por el grupo Clarín.

"Andá a buscar el cheque de [Jorge] Rendo", le dijo el hombre a Camaño, quien acababa de argumentar en contra del proyecto del Gobierno, haciendo alusión a un directivo de aquel holding, según consignó la agencia DyN.

Camaño había señalado que no estaba a favor del proyecto y que le había encontrado "muchos errores". Al levantarse, el desconocido le hizo esa acusación, tras lo que se produjeron apretujones y griteríos que concluyeron rápidamente, antes de proseguir el debate.