En el corazón de la capital egipcia, las excavadoras derriban el imponente edificio del partido de Hosni Mubarak, símbolo del régimen de hierro del antiguo 'Rais', pero el actual presidente, Abdel Fatah Al Sisi, está acusado de agravar aún más la represión.

A pocos metros de la Plaza Tahrir, epicentro de la revuelta de principios de 2011, la sede del Partido Nacional Demócrata (PND) había sido saqueada e incendiada por los manifestantes que exigían que se fuera Mubarak. El edificio encarnaba la corrupción y la violencia policial tolerada por el régimen.

En abril, el actual gobierno dio luz verde para demoler el edificio, una voluntad de "borrar la historia", en la que el PND había sido mayoritario en el parlamento durante las tres décadas de presidencia de Mubarak, gracias a elecciones fraudulentas y a solidaridades tribales en el sur del país. Pero "nada ha cambiado", se queja Hani Chetaea, de 42 años. "Nos rebelamos por el pan, la libertad y la justicia social, pero la situación ha empeorado", declara este funcionario.

Más de cuatro años después de la revolución, la organización Human Rights Watch (HRW) denuncia las "flagrantes violaciones" de los derechos humanos en Egipto, y la "impunidad casi total" otorgada a las fuerzas de seguridad bajo el gobierno de Al Sisi, exjefe del ejército elegido presidente tras haber derrocado al islamista Mohamed Mursi en 2013.

"Pese a todos sus defectos, con Mubarak se podía negociar" explica Abdel Rabu, profesor de política comparada de la Universidad de El Cairo.

- A peor -

Tras la destitución de Mursi, primer presidente elegido democráticamente en Egipto, más de 1.400 manifestantes islamistas resultaron muertos y no menos de 40.000 personas detenidas, según HRW. Centenares han sido condenadas a muerte en expeditivos y masivos juicios, calificados por la ONU de "sin precedentes en la historia reciente" del mundo.

Además, desde julio de 2013, la justicia ha exculpado -o condenado a ligeras penas de prisión- a Mubarak o a los caciques de su régimen, principalmente en casos de corrupción, aunque el expresidente volverá a ser juzgado por complicidad en el asesinato de centenares de manifestantes en 2011.

Pero la mayoría de las decenas de policías juzgados por la muerte de manifestantes han sido absueltos.

Uno tras otro, los principales movimientos de oposición del país han sido neutralizados: ante todo, el grupo Hermanos Musulmanes, a la que pertenece Mursi y que ahora es considerada "organización terrorista" pese a haber ganado las elecciones democráticas en 2011 y 2012. Y también el movimiento de jóvenes militantes laicos y de izquierda 6 de Abril, líder de las protestas contra Mubarak, ha sido prohibido por la justicia. "Egipto no tiene ahora ni siquiera una vida política de fachada, como ocurría bajo Mubarak" se lamenta Amr Ali, coordinador del 6 de Abril. "No hay ni partidos de oposición, ni siquiera parlamento" tras la disolución en 2012 de la Asamblea dominada por los islamistas.

Decenas de militantes laicos y de izquierda están encarcelados por haber violado una controvertida ley que limita el derecho a manifestarse.

"Todos los días, veo los trabajos de demolición del edificio del PND, pero cada día veo también cómo se construye un régimen aún peor", constata con pesadumbre Hani Chetaea.