Pongamos un poco de buena fe. Ni el kirchnerismo busca promover la delincuencia ni Sergio Massa busca promover los linchamientos. Esas son pulseadas políticas que los que gobiernan usan para sacarse el sayo y los opositores utilizan para cascotear el rancho del que ejerce el poder. Nada nuevo.

Más vale poner la atención en los hechos. Los hechos son que hay más delitos, más violentos. No vale decir que son un invento de los medios. Con algunos claroscuros, hay un aumento.

En Rosario, el año pasado fueron asesinadas 0, 72 personas por día, contra 1, 01 en lo que va del año. En toda la provincia de Buenos Aires, sólo contando homicidios en ocasión de robo (no entran ajustes de cuenta, riñas, femicidios), hubo 73 asesinatos en el primer trimestre, contra 47 del mismo período de 2013.

En toda la provincia de Córdoba, en cambio, hubo 45 asesinatos de todo tipo en los primeros tres meses del año, contra 50 del mismo período de 2013. Es tal la desatención que no hay estadísticas actualizadas, generales y de igual metodología para recopilar las muertes ocurridas en todo el país.

En este marco, la máxima conducción del Estado, corporizada en Cristina Fernández, se ha limitado a hacer llamados al respeto a la ley, a repetir que está mal linchar a presuntos delincuentes y a reiterar su teoría de que la exclusión social es la fábrica de la violencia.

Todo eso está muy bien. Pero es muy poco. Es obvio que una sociedad cuyos miembros toman la justicia en mano propia sólo logra descender un escalón más en el salvajismo. Y que sobre ellos debe caer el peso de la ley.

Pero los políticos saben que los ideales no los trae la cigüeña. Hay que trabajar –mucho y bien– para que no impere la ley de la selva. Hay que tener una teoría acertada sobre cómo se puede mejorar la sociedad desde la política. Y después hay que ejecutar esa política con eficiencia. Si no, la próxima década nos va a encontrar repitiendo los mismos mantras, ya gastados.

La inflación y el ’76

Salvando la distancia, el kirchnerismo tuvo la misma actitud con el otro fracaso que más le factura el público: la inflación. Hace dos años, ella, Aníbal Fernández y toda la troupe convocaron al patriotismo para que nos pusiéramos a “pensar en pesos”. Era una verdadera tontería, que fue sepultada por la devaluación. Sólo podremos pensar en pesos cuando el Estado argentino sea capaz de proveer unbien público básico que sólo él puede brindar: una moneda de calidad, que no pierda el 10 por ciento de su valor en semanas.

Con la seguridad y la justicia, pasa exactamente lo mismo. El poder no puede limitarse a recitar un deber ser. Porque nadie se va a dejar matar si el Estado no logra brindar esos bienes públicos. Salvando otra vez las distancias –son situaciones incomparables–, en 1976 la sociedad argentina no soportó más la violencia y el caos que la política no supo, no quiso o no pudo moderar. Tiró por la borda el Estado de derecho y se entregó a una dictadura feroz. Somos capaces de actuar incluso en nuestra propia contra cuando nos enceguecemos.

Esa mochila no es nuestra

Cristina Fernández se mostró compasiva y emocionada al decir que no podemos esperar que un delincuente valore la vida cuando percibe que el resto de la sociedad no considera que su vida valga “dos pesos”.

Es mentira. El kirchnerismo nos explicó, desde 2003, que para reducir la violencia social era necesario promover la inclusión.

Y para lograr esa inclusión, ha venido diciendo estos años, el Estado le cobra a la sociedad los impuestos más altos que se hayan pagado en la historia del país como porcentaje del producto interno bruto.

Así que los argentinos seguramente creerán distintas cosas sobre el valor de la vida. Pero, como contribuyentes, pagan para cuidar y mejorar la vida en común muchísimo más que dos pesos.

El problema, tal vez, sea que el Estado argentino fracasó. Tal vez la teoría no era correcta. O era una media verdad. O era correctísima pero el Estado lo hizo mal y desperdició el dinero, sin conseguir una inclusión social real y efectiva.

En una de esas no era un tema sólo para Alicia Kirchner y sus cooperativas para militantes y clientes. Tal vez había que animarse a consultar a otros, a consensuar políticas, a compartir la administración de recursos públicos con provincias, municipios y poderes como el Judicial, que también son responsables.