Esta semana llegaba una gran noticia. En su sentencia sobre el denominado 'caso del siglo', la justicia francesa reconoce la responsabilidad del Estado en la crisis climática y considera ilegal que incumpla sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es un aviso claro para el resto de Gobiernos europeos que enfrentan demandas por esta causa.

Los impactos del cambio climático son reales y cada vez más visibles: el deshielo del Ártico, la subida del nivel del mar, las sequías o los incendios. España no es una excepción y se enfrenta cada vez más a temporales extremos de nieve y bajas temperaturas, como Filomena o Gloria, que el año pasado causó graves inundaciones. Y, como siempre, las personas más vulnerables son las más expuestas y las que más sufren sus consecuencias, a pesar de ser las que menos contribuyen al cambio climático.

En septiembre pasado nos unimos a la ola internacional de demandas judiciales e iniciamos, junto con Ecologistas en Acción y Greenpeace, un litigio contra nuestro Gobierno por inacción ante el cambio climático. España ha faltado a sus compromisos y ha mostrado falta de ambición ante una emergencia climática que pone en peligro al país y expone a las personas y al medio ambiente a sufrir consecuencias catastróficas.

La presión popular y la justicia serán la palanca que mueva a nuestros gobernantes. Las tres organizaciones estamos convencidas de que si contamos con apoyo ciudadano, el resultado de la demanda será exitoso. Ya ha sucedido en otros países, como Holanda o Francia, con Gobiernos condenados por incumplir sus compromisos de mitigación climática.