Una década después de las masivas protestas que terminaron con el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) en Argentina, aún siguen impunes las muertes de 38 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad. Este lunes, al conmemorarse el décimo aniversario de las históricas movilizaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001, miles de personas regresarán a la Plaza de Mayo para exigir, sobre todo, justicia. El 19 de diciembre de 2001, De la Rúa ordenó un estado de sitio que fue rechazado por miles de argentinos que se lanzaron a las calles para protestar contra su gobierno y se toparon con una represión policial que, tan sólo en la capital, mató a cinco personas. Multitudes de argentinos salieron a hacer sonar sus ollas, sartenes y cacerolas para repudiar las políticas impuestas por un gobierno que, desde principios de diciembre, había ordenado la confiscación de los ahorros bancarios. La intensidad de las movilizaciones y la debilidad de su gobierno obligaron a De la Rúa a renunciar el 20 de diciembre de 2001, cuando cumplía apenas la mitad de su mandato, en una decisión que inició una de las crisis institucionales más graves que ha vivido este país. “No fui yo quien ordenó la represión, las muertes fueron provocadas por las fuerzas de choque que dispusieron los golpistas”, aseguró una y otra vez el ex presidente, quien fue denunciado penalmente por los delitos de homicidio culposo y lesiones. El año pasado, De la Rúa fue sobreseído del juicio por los asesinatos de los manifestantes, pero el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que buscará que llegue nuevamente como imputado al juicio que comenzará a mediados de 2012. “De la Rúa no tiene su sobreseimiento firme porque hay una decisión pendiente. Era el garante del accionar policial de ese día, él dispuso el estado de sitio que permitió el operativo represivo”, aseguró el abogado Rodrigo Borda. El ex presidente sólo está involucrado en los asesinatos de Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Marcelo Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, ocurridos en Buenos Aires, y no en el resto de las muertes registradas en las provincias. De los casos de la capital, la única causa avanzada es la del asesinato de Alberto Márquez, de 57 años, y las lesiones de Martín Galli y Paula Simonetti, ocurridas horas después que De la Rúa anunciara en cadena nacional su renuncia a la Presidencia. Por este caso están procesados y detenidos los ex agentes de Asuntos Internos de la Policía Federal, Orlando Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa y Roberto Juárez, quienes están acusados de haber disparado contra los manifestantes con balas de plomo desde un auto. Sobre la responsabilidad política, están procesados el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, y el ex director general de Operaciones, Norberto Gaudiero. Los ex funcionarios están acusados de cinco homicidios culposos, 116 lesiones culposas, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, por lo que serán juzgados a partir del próximo año.