Una cuestión política.

Días pasados un informe televisivo acerca de la pobreza me condujo hacia discusiones que, creía, habían quedado en el pasado. El informe versaba sobre “las políticas sociales” actuales enfocadas hacia la población pobre que no tiene cubiertas todas sus necesidades. Se pasaba revista a algunos de los programas más resonantes de los últimos años implementados por las autoridades gubernamentales y se enfocaba especialmente en el Plan Jefes y Jefas de Hogar (PJJH), señalando los crecientes problemas de clientelismo que éste generó y cómo su implementación afectó negativamente “la cultura del trabajo” de la población bajo programa. Asimismo, se revisaban las acciones que tanto el Gobierno actual como la “sociedad civil” llevan adelante para cubrir las falencias alimentarias del sector pobre de la población.

El informe resultaba tan provocador como inquietante, por lo que decía y, principalmente, por lo que no decía. Comencemos por lo que decía. Respecto del PJJH, la información brindada era ciertamente escasa y giraba en torno de sus aspectos negativos, lo que obliga a plantear algunas aclaraciones. Este plan se implementó en el momento de mayor crisis económico-social y político-cultural que se recuerde en Argentina, en el cual casi la mitad de la población había caído en la pobreza y la mitad de ese segmento en la indigencia. La caída en la pobreza, devenía de la falta de trabajo y de la carencia de ingresos. Ese diagnóstico fue ampliamente consensuado por las numerosas organizaciones (sociales, políticas, religiosas) que conformaron el Diálogo Argentino y dio sustento conceptual al diseño del PJJH. De ahí que su nominación y presentación como “Derecho Familiar de Inclusión Social”, venía a representar un cambio en el discurso político. Después de mucho tiempo reaparecía en el lenguaje oficial la noción de “derecho”, un concepto abandonado en los años del neoliberalismo. La apelación a sujetos de derecho, implicaba que la sociedad reconocía que quienes necesitaban del auxilio estatal no habían elegido esa situación de vulnerabilidad por vagancia o desgano, sino que la misma era el resultado lógico de un programa económico, político y social que nos condujo al colapso.

Cuando se realizan entrevistas a perceptores del PJJH como parte de tareas de investigación, suele hallarse que su llegada a las distintas familias constituyó “una tabla de salvación”, transformándose para algunas de ellas en el único ingreso monetario que recibirían por un largo tiempo. Una salvación, aun a pesar del monto exiguo que se pagó y se sigue pagando actualmente. Y esto no es poco si se comprende qué situación extrema se está atendiendo.

En general, la gente que sigue recibiendo este plan (menos de seiscientas mil personas) si no ha logrado insertarse en el mercado de trabajo, es porque no puede, no porque no quiere. Están lejos de reunir las credenciales que requiere el mercado de trabajo actual. Si hay algo que no le falta a esa gente es voluntad de trabajar.

Ahora vayamos a lo que el informe no decía. En la segunda parte del informe se oponía las acciones “bien intencionadas, bien organizadas y efectivas” de la sociedad civil, a las acciones descoordinadas, escasas, y no siempre bien intencionadas del Estado. La conclusión que podía inferirse era que la sociedad civil lo hace mejor que el Estado, llega a quien tiene que llegar y con un mejor aprovechamiento de los recursos. Ergo, dejemos las políticas sociales en sus manos. Un mensaje que no parece aislado ni inocente, si lo ponemos en el contexto de las cuestiones políticas que se están discutiendo en estos momentos en nuestro país.

La situación de pobreza, si preocupa, remite a discutir qué tipo de sociedad queremos construir, con qué tipo de Estado, con qué clase de ciudadanos. Tres cuestiones no excluyentes entre sí.

Días pasados un informe televisivo acerca de la pobreza me condujo hacia discusiones que, creía, habían quedado en el pasado. El informe versaba sobre “las políticas sociales” actuales enfocadas hacia la población pobre que no tiene cubiertas todas sus necesidades. Se pasaba revista a algunos de los programas más resonantes de los últimos años implementados por las autoridades gubernamentales y se enfocaba especialmente en el Plan Jefes y Jefas de Hogar (PJJH), señalando los crecientes problemas de clientelismo que éste generó y cómo su implementación afectó negativamente “la cultura del trabajo” de la población bajo programa. Asimismo, se revisaban las acciones que tanto el Gobierno actual como la “sociedad civil” llevan adelante para cubrir las falencias alimentarias del sector pobre de la población.

La situación de pobreza, si preocupa, remite a discutir qué tipo de sociedad queremos construir, con qué tipo de Estado, con qué clase de ciudadanos. Tres cuestiones no excluyentes entre sí

El informe resultaba tan provocador como inquietante, por lo que decía y, principalmente, por lo que no decía. Comencemos por lo que decía. Respecto del PJJH, la información brindada era ciertamente escasa y giraba en torno de sus aspectos negativos, lo que obliga a plantear algunas aclaraciones. Este plan se implementó en el momento de mayor crisis económico-social y político-cultural que se recuerde en Argentina, en el cual casi la mitad de la población había caído en la pobreza y la mitad de ese segmento en la indigencia. La caída en la pobreza, devenía de la falta de trabajo y de la carencia de ingresos. Ese diagnóstico fue ampliamente consensuado por las numerosas organizaciones (sociales, políticas, religiosas) que conformaron el Diálogo Argentino y dio sustento conceptual al diseño del PJJH. De ahí que su nominación y presentación como “Derecho Familiar de Inclusión Social”, venía a representar un cambio en el discurso político. Después de mucho tiempo reaparecía en el lenguaje oficial la noción de “derecho”, un concepto abandonado en los años del neoliberalismo. La apelación a sujetos de derecho, implicaba que la sociedad reconocía que quienes necesitaban del auxilio estatal no habían elegido esa situación de vulnerabilidad por vagancia o desgano, sino que la misma era el resultado lógico de un programa económico, político y social que nos condujo al colapso.

Cuando se realizan entrevistas a perceptores del PJJH como parte de tareas de investigación, suele hallarse que su llegada a las distintas familias constituyó “una tabla de salvación”, transformándose para algunas de ellas en el único ingreso monetario que recibirían por un largo tiempo. Una salvación, aun a pesar del monto exiguo que se pagó y se sigue pagando actualmente. Y esto no es poco si se comprende qué situación extrema se está atendiendo.

En general, la gente que sigue recibiendo este plan (menos de seiscientas mil personas) si no ha logrado insertarse en el mercado de trabajo, es porque no puede, no porque no quiere. Están lejos de reunir las credenciales que requiere el mercado de trabajo actual. Si hay algo que no le falta a esa gente es voluntad de trabajar.

Ahora vayamos a lo que el informe no decía. En la segunda parte del informe se oponía las acciones “bien intencionadas, bien organizadas y efectivas” de la sociedad civil, a las acciones descoordinadas, escasas, y no siempre bien intencionadas del Estado. La conclusión que podía inferirse era que la sociedad civil lo hace mejor que el Estado, llega a quien tiene que llegar y con un mejor aprovechamiento de los recursos. Ergo, dejemos las políticas sociales en sus manos. Un mensaje que no parece aislado ni inocente, si lo ponemos en el contexto de las cuestiones políticas que se están discutiendo en estos momentos en nuestro país.

La situación de pobreza, si preocupa, remite a discutir qué tipo de sociedad queremos construir, con qué tipo de Estado, con qué clase de ciudadanos. Tres cuestiones no excluyentes entre sí.

Si se pretende atacar la pobreza en serio, no alcanza con implementar acciones “benéficas” que cubran la necesidad de un día y de un pequeño sector de población. Aunque ello sea necesario en el “mientras tanto”, se requiere atender de raíz las cuestiones estructurales que provocan dicha situación. Y esa tarea sólo puede llevarla a cabo el Estado. Si en la sociedad argentina hay sectores que han sido alcanzados por la pobreza es porque hay sectores que han sido alcanzados por la riqueza, por lo tanto, atender la primera, implica afectar la segunda para reducir la brecha de desigualdad. Discutir la desigualdad lleva a discutir qué y cómo se redistribuye la riqueza, hacia dónde se orienta el gasto y la inversión pública. Esta observación que puede sonar trillada, no es una discusión saldada en absoluto, mucho menos cuando algunos sectores sociales en nombre de la Patria, definen al Estado como un “predador insaciable” y dicen tener la receta para terminar con la pobreza. La cuestión de la pobreza no es un problema de implementaciones técnicas deficientes o de mejor aprovechamiento del gasto. Es ante todo una cuestión política. Esta observación que puede sonar trillada, no es una discusión saldada en absoluto, mucho menos cuando algunos sectores sociales en nombre de la Patria, definen al Estado como un “predador insaciable” y dicen tener la receta para terminar con la pobreza. La cuestión de la pobreza no es un problema de implementaciones técnicas deficientes o de mejor aprovechamiento del gasto. Es ante todo una cuestión política.