La protesta de un grupo de minusválidos contra el gobierno boliviano, al que le exigen una mejora del subsidio mensual que reciben, inicia este lunes su tercera semana sin visos de solución debido a posiciones encontradas que impiden cualquier arreglo.

"La renta (solicitada) no va, no es viable. El Ministerio de Economía hizo los cálculos: la sostenibilidad del bono en el largo plazo no va a ser posible", aseguró este domingo la ministra de Salud, Ariana Campero, a la cadena de medios estatales.

Mientras, César Ugarte, dirigente del colectivo, sostuvo en la red Erbol que el bono que solicitan "es una necesidad de la población discapacitada" y que, por lo tanto, "no hay otra (opción) que presionar al gobierno".

Los minusválidos demandan que la renta mensual que reciben, se incremente de 80 bolivianos (11, 5 dólares) a 500 bolivianos (72 dólares), posibilidad rechazada en forma reiterada por las autoridades.

Desde su llegada a La Paz, los minusválidos se instalaron en las inmediaciones de la Plaza de Armas, donde están el Palacio de Gobierno y el Congreso, lo que obligó al gobierno a cercar los ingresos con mallas metálicas y reforzar la seguridad con centenares de policías.

En las semanas precedentes se registraron esporádicos choques con los uniformados, sin consecuencias. Además, en protesta, varios discapacitados se colgaron de puentes peatonales, sujetando con cuerdas sus sillas de ruedas.

Para desactivar la protesta, el gobierno ha intentado cerrar acuerdos aislados con algunos grupos ofreciendo beneficios en salud, educación y en el área laboral, pero soslayando el componente económico.

El último intento de diálogo tuvo lugar la noche del sábado, pero fracasó porque la agenda no contemplaba una discusión sobre el bono.

Ugarte se mostró dispuesto a flexibilizar el monto. "Se puede analizar quiénes pueden recibir más y quién no", sostuvo, tras rechazar la cerrazón gubernamental sobre el tema.