La tortura en Brasil aún es un "problema grave" pese a que se han tomado medidas para combatirla, señaló este lunes Human Rights Watch (HRW), que relató 64 casos de abusos por parte de 150 agentes del estado desde 2010.

"Brasil ha adoptado medidas importantes para combatir la tortura, pero hay mucho que aún debe hacerse", señaló la directora de HRW en Brasil, Maria Laura Canineu, citada en una nota de la entidad.

Según la organización no gubernamental, hay "fuertes indicios de participación de agentes estatales en 64 casos de tortura o tratamiento cruel, inhumano o degradante desde 2010", señaló la nota. En 40 de esos casos, los abusos efectivamente fueron tortura, añadió.

HRW llamó la atención sobre el hecho de que pese a que los abusos ocurren mayormente durante las primeras 24 horas de detención, los presos deben esperar tres meses o más para ser llevados ante un juez.

El Congreso "debe dar prioridad a la aprobación rápida del proyecto de ley que determina un plazo máximo de 24 horas tras la prisión en flagrante para que los presos sean conducidos a la presencia de un juez", exigió HRW.

La organización no gubernamental destacó por otra parte que en agosto de 2013 la presidenta Dilma Rousseff sancionó una ley que creó un mecanismo de prevención y combate a la tortura, que permite que peritos visiten periódicamente centros de detención civiles y militares.

Los abusos denunciados varían desde severos golpes, amenazas de violencia física y sexual, aplicación de electricidad, interrumpir la respiración con bolsas plásticas y violencia sexual.

Entre los casos, HRW señaló el del albañil Amarildo de Souza, que desapareció desde la favela Rocinha de Rio de Janeiro en 2013. "Obtuvimos informaciones que sugieren que los policías involucrados en su desaparición también torturaron a otros habitantes de Rocinha en 2013", señaló la organización.

Del total de casos investigados, 26 ocurrieron en Sao Paulo, el mayor y más rico estado de Brasil que tiene además la más numerosa población carcelaria del país. También hubo casos en Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia y Paraná.

HRW envió una carta al Congreso brasileño y también al gobierno paulista para que adopte medidas en contra de esas violaciones.

El gobierno de Sao Paulo aseguró que "todas las denuncias son investigadas y, siempre que se comprueban los crímenes, los responsables son sancionados civil y criminalmente", y que los rígidos reglamentos de la policía y de los servicios penitenciarios permiten apartar a quienes incumplen las normas.