Es posible que una parte importante de la conciencia política del pueblo dominicano haya asumido como compromiso histórico hacer una nueva apuesta por el desarrollo institucional del país. Con suerte, pasado el presente proceso electoral, sin importar los resultados, pudiéramos abocarnos a un reclamo fundamental que podría unir a la mayoría de los sectores políticamente activos: la consigna de “¡No a la impunidad ¡”

La asunción de esta consigna, desligada de bandería partidaria, pudiera constituir un indicador de un avance político de importancia en el pueblo dominicano. Esto así, porque superaríamos la dualidad de “pro gobierno” o “pro oposición”. Superada esta situación que nos divide,  todos estaríamos acordes con que a partir de la asunción del nuevo gobierno, sea quien sea, se iniciarían reclamos generalizados para que las nuevas autoridades demuestren, con acciones concretas, que los recursos del estado se manejarán con pulcritud, que ningún funcionario público utilizará su puesto e influencias para enriquecerse junto con familiares y amigos, que el gobierno central no va a controlar los estamentos judiciales para garantizar impunidad a sus funcionarios corruptos, que los estamentos militares se manejarán  conforme a los estatutos orgánicos de las instituciones, que los más honrados y éticos militares y policías sean los que tengan oportunidad para acceder a los puestos de dirección para que desde cada peldaño puedan facilitar el bienestar de sus subalternos, en base al buen desempeño e incorporación a programas de bienestar y seguridad general; así mismo puedan imponer orden, respeto, pulcritud y confianza en el manejo de la institucionalidad de cada una de esas dependencias.

Difícilmente, si consultáramos a los candidatos que terciarán en las elecciones presidenciales y congresuales del próximo cinco de julio del presente año 2020, alguno pudiera denegar de lo oportuno y conveniente de estos cambios en el manejo de la política vernácula. Quizá soñando, asumo la posibilidad de que el reclamo generalizado ¡No a la impunidad ¡,    pudiera ser una agenda común para todos los dominicanos. Para mí, sería el primer paso para que este bendito país salga de su tercer lugar entre los países que menos institucionalidad exhiben en el mundo, y de que de igual manera superemos la precaria situación que en materia de educación revelan los estudios y muestras internacionales.

Creo que es tiempo de que la República Dominicana se enrumbe por los caminos del desarrollo, el progreso, la transparencia y la equidad. Esto solo es posible si estos propósitos son asumidos por los sectores que podamos enarbolar una bandera que se sobre ponga a los intereses partidarios, que supere las ambiciones individuales, y que estén dispuestos a aportar por el bienestar general y el desarrollo nacional, en un nuevo esfuerzo de enderezar los entuertos hacia los que nos han empujado políticos ineptos de todos los colores.

Las últimas apuestas por la institucionalidad y el bien general de que tengo memoria fueron asumidas en 1963-65, con la insurgencia de abril por la constitucionalidad;  en 1978, por la derrota electoral de Balaguer; en 1996, por el ascenso al poder de Leonel Fernández; en 2011,   las luchas por el cuatro por    ciento para la educación; en 2017, la marcha verde contra la impunidad en el caso Odebrecht;  y la más reciente muestra de voluntad popular, en febrero del presente año, con los muchachos en la Plaza de la Bandera.

Ampliando un tantito, de manera explicativa, en 1963-65, porque, luego del derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch, una amplia representación del pueblo dominicano asumió la consigna de “vuelta a la constitucionalidad”. Esta consigna prendió también en esferas militares que en las figuras de los coroneles Fernández Domínguez y Caamaño Deñó, a la cabeza, llevó al movimiento a una confrontación de fuerzas que terminó en un conflicto armado que de manera equívoca algunos llaman Revolución de 1965 y que reclamaba la vuelta al poder de Juan Bosch. El movimiento tuvo su principal expresión en la capital dominicana. Ya se sabe que las intenciones de los grupos insurgentes fueron aplastadas por la segunda intervención militar estadounidense al territorio nacional.

Sería el primer paso para que este bendito país salga de su tercer lugar entre los países que menos institucionalidad exhiben en el mundo

En 1978, porque, en su mayoría, el pueblo dominicano, expresó en las elecciones de ese año su voluntad de terminar con el régimen de doce años del Dr. Balaguer, caracterizado por una fuerte represión, persecución y muerte, principalmente de jóvenes vinculados al movimiento de la izquierda política que clamaba por libertad y justicia.

En 1996, porque con Balaguer de nuevo en el poder, fruto de los desaciertos de los gobiernos del PRD, la mayoría de la población compró el discurso por la honestidad, la ética política y la capacidad de solución que el profesor Juan Bosch había sembrado en el pueblo dominicano tras largos años de educación política en la escuela de formación que fue el Partido de la Liberación Dominicana. En el gobierno del PLD que encabezó el abogado y catedrático universitario Leonel Fernández, en especial la juventud dominicana, sintió realizados sus sueños de que el país entraría en un período de pulcritud en el manejo de la cosa pública, desarrollo del aparato productivo con oportunidades para el desarrollo de los talentos y participación de las mayorías en el beneficio del crecimiento económico y desarrollo nacional.  

En el 2011, con la lucha por el cuatro por ciento por la educación, de nuevo, se dieron cita en las calles, sectores importantes de las poblaciones citadinas, en la capital y otras provincias. Un esfuerzo similar lo fue la llamada Marcha Verde, en el 2017, que tuvo como punto focal reclamar la no impunidad en el llamado caso Odebrecht. Pese a que este movimiento realizó grandes movilizaciones de masas aún se espera una solución definitiva al proceso, por el cual, a diferencia de lo que pasó en otros países de América, en República Dominicana no se ha encontrado razones suficientes para apresar a ninguno de los involucrados. Y el último movimiento político que merece consideración, por sus características, tuvo como forma de expresión las manifestaciones populares realizadas en la Plaza de la Bandera desde mediado hasta finales de febrero de presente año 2020, realizadas por una juventud frustrada ante la suspensión de las elecciones municipales de febrero 2020.

Al igual que otros observadores, los muchachos de la plaza de la bandera me sorprendieron. Allí estaban los de la clase media, pero también los de los de los barrios. Las consignas que levantaban en todo tipo de pancartas, hojas de papel, cartulinas, telas…hablaban de fastidio, rebeldía, frustración…peor lo más importante, una gran cantidad de consignas superaban el inmediatismo y perfilaban necesidades y demandas de avances más allá del momento. Sentí que no todo está perdido. Sentí que hay una generación ahí afuera que no será tan fácil de engañar e instrumentalizar. En ellos está la responsabilidad de aportar el brío de la juventud a las nuevas jornadas de desarrollo político que dirija al pueblo dominicano hacia el compromiso de la construcción de su bienestar.

El momento que vivimos constituye una encrucijada decisiva. Pasado el proceso electoral, las nuevas autoridades podrían enfrentarse a una población políticamente activa decidida a plantear un “nunca más a la impunidad”, lo que se traduce en no al despilfarro de los bienes públicos, no al contubernio con el enriquecimiento ilícito, no a la falta de voluntad política en hacer totalmente creíble la justicia, no a la falta de seguridad ciudadana, no a las deficiencias en los servicios básicos a la población como la salud y la educación.

Con los cientos de miles de millones que se han perdido en corrupción en todos los gobiernos que hemos tenido desde el ajusticiamiento de Trujillo hasta la fecha, muchas problemáticas que ahora nos cobran en pobreza y subdesarrollo, se habrían podido solucionar.  Lo bueno. Estamos a tiempo. Es una agenda que no depende del resultado electoral.

Se iniciarían reclamos generalizados para que las nuevas autoridades demuestren, con acciones concretas, que los recursos del estado se manejarán con pulcritud